Colombia tiene una capacidad particular para normalizar lo que, en cualquier otro contexto, sería simplemente inaceptable. Esta semana vimos una de esas escenas que resumen muchas de nuestras contradicciones: la designación de Sandra Ramírez como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Sí, una exintegrante de las FARC, quien fue compañera sentimental de “Tirofijo”, hoy en una de las instancias encargadas precisamente de velar por los derechos humanos en el país. Y aquí es donde la incomodidad no es ideológica, es ética.

Más allá del discurso de la reincorporación que es necesario, no podemos ignorar que sobre ella existen múltiples cuestionamientos y solicitudes de investigación ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la Corte Suprema de Justicia por hechos ocurridos durante el conflicto. Entre ellos, denuncias graves que incluyen una presunta participación en hechos de violencia sexual y reclutamiento forzado de menores de edad.

Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué mensaje estamos enviando? La paz no puede convertirse en una narrativa que lo justifique todo. No puede ser la excusa para borrar las líneas entre víctimas y victimarios, ni para convertir a quienes han sido señalados por graves violaciones en voceros de los derechos que, presuntamente, vulneraron.

Esto no es un ataque a la idea de resocialización, creer en la resocialización es fundamental en cualquier sociedad que aspire a ser justa. Pero la resocialización no es sinónimo de olvido, ni mucho menos de la impunidad total. No implica que todo deba darse por superado sin respuestas claras, sin verdad y sin responsabilidad.

La paz no se construye premiando a quienes tanto daño le hicieron al país. Se construye reparando y dando aportes hacia la verdad. Hay algo profundamente doloroso en todo esto y son las víctimas. ¿Qué sienten quienes han denunciado, quienes han esperado años por respuestas, quienes siguen cargando con las consecuencias del conflicto, al ver este tipo de decisiones? ¿Cómo se les explica que quienes están bajo cuestionamiento puedan ocupar espacios simbólicamente tan sensibles?

Colombia necesita reconciliación, sí. Pero una reconciliación que tenga como base la verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas. No una reconciliación que parezca, a veces, más un acto de conveniencia política que un compromiso real con los derechos humanos. Las instituciones no deberían enviar mensajes contradictorios, ya que lo que se erosiona no es solo la confianza, es la idea misma de justicia. Y en un país como el nuestro, eso no es una paradoja menor: Es una herida abierta.