Esta semana despedimos el 2025 con una noticia que duele, pero que no sorprende. Más de cinco mil contratistas y defensores públicos de la Defensoría del Pueblo terminaron el año sin recibir el pago de sus honorarios. Personas que trabajan todos los días por la defensa de derechos fundamentales, muchas veces en condiciones precarias, cierran el año con incertidumbre, cuentas pendientes y una Navidad aplazada.
La situación fue reconocida públicamente por la defensora del Pueblo, quien explicó que los recursos no fueron girados oportunamente por el Ministerio de Hacienda, a pesar de que desde la entidad se adelantaron los procesos de planeación y se agotaron todas las gestiones posibles. Incluso, desde el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia llamamos la atención sobre algo que los litigantes conocemos bien, el sistema de justicia se sostiene, literalmente, con las uñas.
Y es que la Defensoría del Pueblo hace un trabajo increíble. Un trabajo silencioso, desgastante, poco reconocido y profundamente humano. Sus defensores públicos están en el último eslabón del sistema de partes: son, sin duda, los peor remunerados, los que cargan con decenas de procesos al tiempo, los que litigan sin recursos suficientes. Representan a personas que no tienen cómo pagar un abogado y que, sin esa defensa, quedarían completamente desprotegidas frente al poder del Estado.
A esa sobrecarga se suma una presión adicional que siempre denunciamos, el riesgo permanente de las compulsas de copias, usadas en no pocos casos como un mecanismo de intimidación. Si se cruzan audiencias, si reclaman garantías, si incomodan, el defensor público termina siendo investigado. Todo esto, mientras trabaja sin pago y sin respaldo real.
Que los defensores públicos terminen el año sin recibir sus honorarios no es solo un problema administrativo; es un mensaje peligroso. Como si la defensa de derechos pudiera esperar, como si quienes garantizan el acceso a la justicia fueran prescindibles, como si la estabilidad económica de ellos y de sus familias no importara. Y eso, en un Estado que se dice social de derecho, es inaceptable.
Lo más grave es que esta situación no es nueva. Se repite año tras año, normalizando el incumplimiento y la incertidumbre. No se puede exigir vocación eterna cuando ni siquiera se garantiza lo básico: que les paguen por su trabajo. No se puede hablar de justicia, de garantías ni de derechos humanos mientras se precariza a quienes los defienden. La Defensoría no necesita aplausos ni discursos; necesita recursos, respaldo institucional y respeto.
@CancinoAbog
