La sentencia condenatoria de la JEP al secretariado de las Farc, como se esperaba, resultó en la gran estafa a las víctimas y al país, cerrando el capítulo de impunidad de la justicia especial que Santos vendió como única en el mundo, tanto que dio para Nobel de sus socios suecos en el proceso instalado en Oslo en 2012.
Pasaron 7 años y 1.834 días hábiles, con una planta actual de 1.456 empleados y un costo de más de 3 billones, para que esta justicia que enorgullece a Santos estableciera la culpabilidad de unos criminales que la justicia ordinaria ya había investigado, juzgado y condenado.
Solo alias “Timochenko”, director del Partido Comunes, se sentó a conversar con el gobierno Santos con circular roja de Interpol, recompensa de Estados Unidos por 5 millones de dólares, 182 procesos judiciales, 141 órdenes de captura, 57 medidas de aseguramiento y 13 condenas que sumaban 448 años de prisión.
¡La sacaron barata! 448 años de cárcel por apenas 8 de “sanciones propias”, como responsables de 21.396 secuestros que incluyeron, en muchos casos, asesinato, tortura, reclutamiento de menores y violencia sexual. Tendrán algunas limitaciones de movilidad y podrán hacer política, mientras adelantan proyectos restaurativos “que integran medidas diferenciadas, legítimas y contextualizadas, orientadas a la reparación simbólica, la reconstrucción del tejido social, la restauración ecológica y la dignificación de las víctimas”.
Es una jerga que eufemiza sus crímenes y esconde la impunidad, en una pieza judicial que compite con la de la jueza Heredia, que sirvió para condenar a un inocente: Álvaro Uribe Vélez. En 663 páginas, 1.773 consideraciones y 131 numerales resolutivos, se extienden 91 órdenes a todas las instancias del Estado, ya sea para garantizar el cumplimiento de las sanciones o la salud, seguridad y bienestar de los sancionados, entre las cuales se esconde la llave para cerrar por dentro la puerta de la impunidad, advirtiendo (Num. 126) que toda investigación o condena de la justicia ordinaria queda subsumida y absorbida, es decir, olvidada.
Tres observaciones más: La primera: La JEP se cuidó de expedir a la vez la sentencia a los militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, ante la cual no sobra recordar que la misma JEP estableció que los falsos positivos no fueron una política de Estado. La segunda es una ocurrencia: Si todos los presos del país, condenados por menos delitos y menos graves, invocaran su derecho a la igualdad ante la justicia, las cárceles se desocuparían.
La tercera es de Ripley. El presidente de la JEP ha reiterado que no hay presupuesto para los proyectos restaurativos de sus condenas. Y entonces… ¿impunidad total…, la gran estafa?
@jflafaurie
