Estoy cansado de la palabra intervención. Más allá de las contadas excepciones, está demostrado que el Estado es un mal empresario, un mal educador, y un mal prestador de salud. Su tarea es más elemental, pero infinitamente más importante: lograr que estos sectores funcionen para que cualquier ciudadano que quiera, pueda salir adelante. Y cuando se sale de ese propósito, casi siempre estorba. O peor, destruye. Aquí lo estamos viendo con demasiada frecuencia. Intervenciones que prometen rescates y terminan en ruina. Casos donde el Estado irrumpe sin diagnosticar, sin preparar y sin escuchar, dejando más problemas de los que había.
Uno de esos casos, que me duele particularmente por ser local, es el de la Universidad Autónoma del Caribe. A pesar de los escándalos del pasado, la institución venía en recuperación: con acreditaciones, más cobertura y hasta con equipo de fútbol profesional. Pero en 2018 fue intervenida por Min Educación y desde entonces perdió más del 60 % de sus estudiantes. Hoy está atrapada en un limbo institucional, sus carreras emblemáticas como Diseño de Modas, referentes en la región, hoy luchan por sobrevivir y miles de jóvenes han abandonado sus estudios o migrado buscando opciones. El Estado no rescató nada: solo agravó la caída.
También el tema de Air-e. Llevamos 3 décadas de mal servicio, y con el cambio de empresa se prometió una solución definitiva. Pero tras una nueva intervención en febrero de 2024, los problemas siguen: tarifas por las nubes, apagones constantes y promesas incumplidas, como el pago de las deudas por parte del Gobierno. Una familia de estrato 1 en Barranquilla paga más de $100.000 al mes solo en energía. La supuesta “justicia energética” terminó en una injusticia costosa.
Y lo que ocurre con la salud es aún más grave. Un compañero de trabajo lo vivió recientemente: ambos padres en diferentes hospitales, y a su papá, que necesitaba atención urgente, no lo atendían. La razón es que la EPS, intervenida por el Gobierno, retrasa los pagos a las clínicas, y las IPS, sin recursos, dilatan la atención. Aunque logró gestionar ayuda para acelerar el proceso, la atención llegó tarde. Casos como este se repiten a diario. Hoy el Estado controla ocho EPS que suman más de 25 millones de afiliados, pero sigue actuando como si no fuera responsable. Se escuda diciendo que “es un problema estructural”, mientras el sistema se deteriora. Fecode ya lo advirtió con claridad: “la salud está en crisis humanitaria”.
Tres sectores, tres fracasos. Y detrás de cada uno hay vidas truncadas, facturas impagables y proyectos perdidos. Porque cuando el Estado olvida que su rol es garantizar derechos y no jugar a empresario, el daño no es técnico: es humano. Por eso hay que exigir algo básico pero urgente: que el Estado escuche antes de actuar, que planee antes de intervenir y que, si no está listo para solucionar, al menos no empeore lo que ya funciona a medias. Porque lo que debería ser un acto de rescate, termina siendo un acto de destrucción.
@miguelvergarac
