Colombia ha aguantado mucho. La última andanada de Petro contra el país y su gente tiene que ver con la fractura de las relaciones internacionales y, en especial, con los Estados Unidos. Es así como la semana pasada se produjo una nueva tensión diplomática entre los dos países cuando el gobierno americano llamó a consultas a su representante en Colombia por las “ declaraciones infundadas” del presidente Petro sobre una supuesta conspiración contra su gobierno que involucraba a congresistas norteamericanos.

La postura del gobierno americano tenía sentido porque Petro de forma irresponsable echa fuego contra todo el mundo, creando hipótesis en su delirante cabeza sobre diversos tópicos. El asunto ya rebozó la copa y los americanos dijeron no más. Recordemos que a inicios de este año Petro planteó un conflicto diplomático con Estados Unidos al no permitirle aterrizar en Bogotá a un avión americano con inmigrantes colombianos en condición de irregularidad en Estados Unidos, lo que escaló la relación entre ambos países. La respuesta de Trump fue clara: aumento de aranceles, cierre del servicio consular y supresión de visas.

Ante esto, Petro hizo lo que sabe y está en su ADN. Un fuerte discurso hacia afuera y la cobardía natural que lo caracteriza frente a los enemigos que lo confrontan.

En esta ocasión, los norteamericanos no están jugando. Existen precedentes muy graves frente a esta nueva escalada verbal entre los dos países. Petro se evidenció como una persona que se la juega por la criminalidad con su mal llamada “ paz total” donde llegó al extremo de subirse a una tarima con los narcotraficantes de la oficina de Envigado, sacándolos de la cárcel sin la existencia de una ley de sometimiento y, con ello, violentando las normas legales. Ni hablar de la obstrucción a la extradición donde hemos visto como Petro y las autoridades hacen malabares legales para evitar la aplicación de ese instrumento de cooperación judicial. Una desilusión cuando Colombia había sido un país frentero contra el crimen.

No nos queda más que solicitarle al gobierno de los Estados Unidos que los colombianos no nos sentimos representados por el presidente Petro y su gobierno y que no proceda a sancionar ni económica, ni políticamente al país por lo realizado por Petro y su banda. Si se encuentran razones de posibles sanciones lo justo es que se le apliquen al jefe de Estado y a su entorno. Allí se pueden encontrar salidas políticas e incluso judiciales para evitar que las acciones de una persona desequilibrada afecten a millones de colombianos.

Hoy, es claro que Petro está dentro de lo que en términos de filosofía política, se denomina “perdida de la legitimidad material”. Este concepto se aplica cuando un presidente o representante elegido por voto popular no actúa conforme a la Constitución y a los intereses del Estado.

Las salidas frente a esta encrucijada institucional del país son evidentes. Unidad el próximo año para enfrentar a un modelo anarco-subversivo que quiere suprimir la democracia y el estado social de derecho, una recuperación de las relaciones de confianza con la comunidad internacional, en especial, Estados Unidos, restablecer la cooperación judicial internacional y la aplicación de la extradición con énfasis en la lucha contra la criminalidad transnacional como el narcotráfico, el lavado de activos y el tráfico de migrantes. Por último, fortalecer y restablecer la fuerza pública en el territorio nacional, en especial en las zonas rurales.

Sin respeto de la ley, de orden y de seguridad, no podrá hacerse inclusión social. Colombia tendrá que volver a ser viable en el 2026.

*Ex fiscal general de la Nación

*Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)