Representante de Centros Poblados es llamado a interrogatorio por la Fiscalía
El organismo busca esclarecer las irregularidades del contrato de conectividad de Mintic.
La Fiscalía General de la Nación citó a Luis Fernando Duque Torres, representante de Centros Poblados, tras las presuntas irregularidades en el contrato de conectividad con el Ministerio de las TIC.
El objetivo de la diligencia judicial pretende que Duque Torres le explique a la Fiscalía acerca de su participación en la suscripción de la supuesta garantía bancaria y la suscripción de la póliza de la oferta en el contrato con el Ministerio de las Tic luego que estas resultaran falsas.
El organismo busca esclarecer en este sentido la manera en la que un anticipo destinado para la instalación de internet en lugares apartados del país, el cual fue de $70 mil millones, terminó en una cuenta en Delaware, Estados Unidos.
La Fiscalía definió las primeras cuatro líneas de investigación. Una de esas se enfoca en el contratista y otra en la expedición de las pólizas para lograr determinar la manera en las que fueron expedidas.
El interrogatorio, al que fueron citadas otras personas cuyos nombres se desconocen, se llevará a cabo este miércoles a las 10 de la mañana.
La Unión Temporal ha dicho que los equipos adquiridos son de telecomunicaciones eléctricos, de energía solar, materiales de ferretería e infraestructura, que ya se habrían comprado en Estados Unidos.
Dicha empresa sería la estadounidense Nuovo Security, que terminó exactamente con $58 mil millones de los $70 mil millones que le entregó Mintic a Centros Poblados.
La compañía habría sido fundada en 2016, con seis empleados y sede física en La Florida y fiscal en Delaware, por lo que ha sido señalada de ser un posible 'paraíso fiscal'.
Según Dun & Bradstreet, de información sobre empresas, los ingresos anuales de Nuovo Security no superan los $197 mil dólares y de repente les dieron 15 millones de dólares.
La Fiscalía había definido cuatro ramas de investigación para este caso: la investigación sobre los funcionarios públicos que estuvieron involucrados o trabajaron en la estructuración y aprobación de las pólizas precontractuales al parecer falsas de esta licitación; los contratistas del esquema que llevó a ganar indebidamente la licitación; la expedición de esas pólizas y el giro de esos recursos derivado del contrato de administración de fiducia y pagos.
