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Colombia

Presunto detrimento en proyectos de vivienda por subsidios sin legalizar

Contraloría indicó que hallazgos fiscales, por $4.434 millones, se dan en proyectos ubicados en Bolívar, La Guajira, Córdoba, Magdalena y Caquetá. 

La Contraloría General de la República encontró 25 hallazgos administrativos durante la revisión de la gestión del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) para la legalización de los subsidios familiares de vivienda de interés social del programa Bolsas Anteriores.

El ente de control indicó que de esos hallazgos 7 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $4.434 millones, 18 con posible incidencia disciplinaria, 1 que da pie a una indagación preliminar y 2 para procesos administrativos sancionatorios.

El programa Bolsas Anteriores se refiere a los subsidios de vivienda asignados en el marco legal establecido con anterioridad a la expedición de la Ley 1537 de 2012, la cual a su vez definió las normas para el desarrollo del programa de vivienda gratuita, a título de subsidio en especie.

Los dos casos de mayor detrimento patrimonial

La Contraloría indicó que el detrimento patrimonial de mayor cuantía, por $1.640 millones, se da con relación al proyecto Urbanización Enraizar III Etapa, en San Pablo (departamento de Bolívar), donde no han sido construidas las 413 viviendas previstas, luego de transcurrir 9 años de haber sido viabilizado y 5 desde la legalización de los recursos destinados para las obras de urbanismo. Hoy está paralizado, con apenas un 29% de avance. 

Le sigue un hallazgo fiscal por más de $939 millones referido al proyecto Marina Esperanza, en Maicao (La Guajira), que tenía por objeto construir 300 soluciones de vivienda VIP para población desplazada por la violencia. No se han iniciado 211 viviendas y 23 se encuentran en estado de parálisis. 

En este segundo caso, dijo el ente de control, ha transcurrido casi una década de haberse viabilizado el proyecto y los beneficiarios de los subsidios siguen sin obtener una solución de vivienda.

“Lo grave es que esas personas desplazadas han quedado atadas a un proyecto desfinanciado, que se encuentra en alerta roja (completa 6 años paralizado) y presenta recomendación de declaratoria de incumplimiento”.

En el departamento de Córdoba hay tres proyectos de vivienda de interés social con hallazgos fiscales que suman más de $846 millones y están situados en los municipios de Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador.

Subsidios sin legalizar

La Contraloría encontró situaciones como más de 22 mil subsidios sin legalizar, numerosos proyectos que presentan incumplimientos, obras construidas que no prestan servicio alguno, asignación de subsidios a personas fallecidas y recursos depositados en fiducias que no cumplen su destinación, entre otras.

Un primer hecho relevante detectado en esta Actuación Especial de Fiscalización es que luego de 18 años de iniciar la asignación de subsidios, la cual se realizó hasta el 2012, aún se encuentran 22.284 Subsidios Familiares de Vivienda (SVF) sin legalizar.

“Esta situación afecta a igual número de familias, integradas por más de 90.000 beneficiarios, cuya expectativa de acceder a la propiedad de una vivienda digna se posterga en el tiempo y se frustra, incumpliendo los fines sociales del Estado y sus responsabilidades frente a población vulnerable, sujeto de protección diferencial y víctimas del conflicto armado”, explicó la Contraloría.

Indicó además que en el programa Bolsas Anteriores se han registrado 22.284 subsidios con Traslado a Cuentas de Ahorro Programado (CAP), sin pagos al oferente, por $325.602.069.933, incluido el valor de indexaciones.

Tales subsidios fueron asignados entre el año 2004 y el 2020. La mayoría de ellos completan más de 19 años desde su asignación y a 31 de mayo de 2021 no han sido legalizados.

Igualmente, el ente de control observó  42.888 registros de renuncias a los Subsidios Familiares de Vivienda en donde 4.889 asignaciones por $42.151.600.015, incluido el valor de las indexaciones, se encuentran en proceso de reintegro al Tesoro Nacional.

Así mismo, se registran 19.555 Subsidios Familiares de Vivienda por valor de $148.795.568.909,51, asignados entre 2003 y 2015, que se encuentran vencidos.

En el siguiente cuadro se aprecian los hallazgos detectados por la Contraloría en esta Actuación Especial de Fiscalización:

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