El Heraldo
Colombia

Ejército entrega a la Procuraduría investigación sobre operativo en Putumayo

El Ministerio Público analizará si toma poder preferente en el caso.

El Ejército entregó a la Procuraduría un informe que contiene una investigación detallada con relación a lo ocurrido la mañana del 28 de marzo en Puerto Leguízamo (Putumayo) donde murieron 11 personas en una operación del Ejército que, según el Gobierno, eran miembros de las disidencias de las Farc, aunque la comunidad denuncia que eran civiles.

El documento de unas 300 páginas, que contiene los pormenores del operativo, era evaluado por el Ministerio Público para determinar si toma poder preferente en el caso y proceder a realizar la debida investigación disciplinaria.

“Este documento contiene datos del número de uniformados que estuvieron en las operaciones, los trabajos previos de inteligencia, además lo hallado en el terreno donde se ejecutó la operación”, dijo una fuente militar a EL HERALDO.

Este informe se suma al que dos días después solicitó el Ministerio Público al Ejército donde pedía información “de muertes en desarrollo de esta operación militar, heridos recuperados, desmovilizados, desvinculados y/o sometidos, incautaciones de material de guerra, intendencia, comunicaciones y demás información relacionada con los resultados sobre la misma”.

El pasado 28 de marzo el presidente Iván Duque, informó que 11 disidentes de las Farc murieron en una operación de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo, en la que fueron detenidas cuatro personas más, incluida una mujer embarazada.

Con el paso de los días han tomado fuerza las versiones de que los muertos no eran guerrilleros de las disidencias de las Farc porque la comunidad de la zona asegura que eran civiles, como han desvelado sendos reportajes periodísticos publicados en las últimas semanas.

Organizaciones sociales han denunciado que entre los muertos están Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) El Remanso, y su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, y otras dos personas.

Distintas organizaciones como la ONU, CIDH y Human Rights Watch instaron al Estado Colombiano a adelantar las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso.

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