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Colombia

¿Deben ir a la JEP Salvatore Mancuso y Jorge 40?

Para el Gobierno deben ir a la cárcel para otras partes políticas deben decir la verdad en el tribunal de paz. EL HERALDO consultó opiniones expertas.

Los dos exjefes paramilitares extraditados más importantes, por cuenta de lo que saben, estarían por regresar al país: el ex comandante de las AUC, Salvatore Mancuso, y el ex jefe del Bloque Norte de las AUC Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

El Gobierno, que los ha pedido en calidad de deportados, ha dicho que les espera la cárcel. Los ex-AUC, por su parte, han solicitado entrar a la JEP, pero el tribunal de paz no los avala porque ellos ya tienen su sistema de justicia transicional, que es Justicia y Paz, y advierte además que no son terceros civiles o financiadores sino actores militares directos del conflicto.

Sus víctimas –la mayoría en el Caribe colombiano–, entre tanto, reclaman verdad, justicia, reparación y no repetición.

Lo penal

El penalista Ricardo Ordóñez, le dijo a este diario que “lo primero es que ellos no pueden decir ‘per se’ que los hallan rechazado en la JEP: en el caso de Mancuso el error fue de solicitud, porque trató entrar como actor civil y la JEP desconoce esto porque él no era actor civil sino militar”.

El profesor de la Universidad del Rosario agrega que para que los ex-AUC puedan entrar a la JEP “toca hacer una modificación de la Ley de Justicia y Paz, de la ley que estructuró la JEP, porque los ‘paras’ no tiene cabida en el estado actual de las cosas de la JEP. Ya ellos tienen la Ley de Justicia y Paz”.

El jurista advierte, además, que “lo que dicen acerca de que los quieren callar, también es falso. Ellos pueden voluntariamente acudir a la Comisión de la Verdad y entrar a dar sus colaboraciones. Por supuesto, no va a tener sus efectos procesales”.

Y concluye Ordóñez que, incluso, pueden llegar a negociar en la justicia ordinaria. No obstante, estima que “ellos no deben llegar a justicia ordinaria sino llegar a Justicia y Paz  y allí se tienen que acumular todos los procesos que sigan abiertos en la justicia ordinaria”.

La seguridad

Andrés Bernal, experto en conflicto, seguridad y defensa, puso de presente en diálogo con este medio que la mirada política apunta “a que las víctimas reclaman verdad y se requieren esclarecer más delitos de los que se expusieron en el marco de Justicia y Paz”.

Por supuesto, advierte, los exjefes paramilitares están en “una clara búsqueda de beneficios, no es mentira que los beneficios son muchas más laxos en la JEP que en Justicia y Paz”.

Sin embargo, señala que hay dos tipos de justicia transicional para un mismo problema y coincide en que “más allá de que Mancuso quiera meterse a la JEP, el problema es que el marco legal no contempla a quienes formaron parte de grupos paramilitares, porque La Habana diseñó esto para guerrilleros, fuerza pública y terceros”.

Por último, el catedrático recuerda que “a día de hoy la JEP no ha sacado una sola sentencia, a pesar de que está analizando macrocasos, e incluir a los exparamilitares generaría su colapso sin duda”.

Lo político

Para el politólogo Fernando Giraldo se supone que la paz es el bien más preciado que tiene una sociedad “y si hicimos acuerdos con una organización como las FARC, partiendo de los mismos acuerdos que dicen que se trata de justicia y no repetición, y como aquí no solo estuvieron las FARC, si esto es para superar la paz entonces deben estar incluidos los paramilitares”.

Considera el profesor de la Universidad del Norte que “no vamos a encontrar la paz sin permitir que hablen todos los que hicieron parte del conflicto: es seguir con una pata coja de la mesa. Lo mejor es que vengan, presenten perdón y cuenten lo que tengan que contar y sean beneficiados. Además porque casi dos tercios de las víctimas fueron ocasionadas por las AUC”.

Finalmente, advierte que, en su opinión, Mancuso y Tovar deben ir a la JEP “para evitar que la paz que se tramitó con las FARC, por no involucrar a todos, incube las razones de la próxima guerra. Y así debe ser,  para poder desactivar los grupos paramilitares que renacen”.

El proyecto

El senador Roy Barreras, de La U, presentó esta semana un proyecto de ley para que los exparamilitares puedan ir a la JEP.

La idea, se lee en la iniciativa de cuatro artículos, es “garantizar el derecho integral a la verdad de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia”.

Esto, agrega, “estableciendo un mecanismo de articulación” entre la JEP y Justicia y Paz, que consistiría en que los ex-AUC puedan participar en el tribunal de paz “en calidad de testigos comparecientes, si su testimonio es eficaz frente al esclarecimiento de la verdad y la determinación de responsabilidades de otros actores del conflicto en graves violaciones a los Derechos Humanos o graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

Aclara el también negociador de paz de La Habana que los exparamilitares, con la norma, “podrán obtener los beneficios jurídicos adicionales” contemplados en la JEP.

El mecanismo consiste en adicionar un artículo a la Ley de Justicia y Paz, en el que se leería: “Por una sola vez, de forma voluntaria, los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, postulados mediante el mecanismo previsto en esta ley, que por razones de fuerza mayor, tengan conductas pendientes por esclarecer, relacionadas con la pertenencia a estos grupos, podrán participar en calidad de testigos comparecientes”.

Y para que, por ejemplo, Mancuso y Jorge 40 reciban los beneficios jurídicos, el tribunal de paz expedirá un certificado de cumplimiento y el tribunal superior correspondiente determinará los beneficios con base en las sanciones de la JEP.

Es el momento, sin que secuestren la verdad: Mancuso

El ex comandante de las AUC Salvatore Mancuso planteó esta semana en una misiva que “es el momento de que todos los actores armados que hicimos y hacen parte del conflicto armado interno y el propio Estado, nos sentemos de forma sincera en un solo lugar y de cara al país, sin permitir que la verdad sea secuestrada o manipulada”.

Acerca de las razones de su extradición aseguró: “Cuando conté de forma detallada de las relaciones del Estado y las AUC, Colombia ya sabe lo que me ocurrió. Como venganza criminal y para callarme fui extraditado, debido a que relaté cómo colaboradores, funcionarios cercanos al gobierno del presidente Álvaro Uribe, como Francisco Santos, hoy embajador de Colombia en Estados Unidos, José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS quien tuvo responsabilidad en la muerte de Jaime Garzón, de Pedro Juan Moreno, amigo personal y secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia, fueron personas muy cercanas con las AUC”. Y agrega en este sentido: “También narré lo referente a algunas situaciones que se presentaron con el mismo presidente Uribe y a pesar de todo esto, sumado a otras situaciones perpetradas en contra nuestra, seguimos y seguiremos honrando nuestro compromiso con las víctimas y la verdad”.

Y asevera que “Colombia no conoce la verdad, porque no hubo ni existe interés político de que esto ocurriera ni ocurra. Se rasgan las vestiduras exigiendo verdad, pero hipócritamente se impide la reconstrucción de la misma. Se instrumentaliza la justicia como forma de venganza”.

Cuando iba a hablar, mataron a mi hermano: Jorge 40

En una carta conocida esta semana, el ex jefe del Bloque Norte de las AUC Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, cuestionó: “Esa posibilidad (de asumir la responsabilidad en el conflicto) me ha sido esquiva porque el Estado colombiano nunca me ha brindado las garantías mínimas de seguridad para poder hacerlo. Prueba de ello, el asesinato de mi hermano Sergio Tovar Pupo, el 24 de diciembre de 2009, cuando me disponía a reactivar mis versiones libres después de ser extraditado”.

Para ello, pide protección para sí y los suyos: “Señor presidente, contar la verdad de lo que pasó en el Caribe colombiano, lograr un entendimiento de las dinámicas territoriales y los intereses en disputa puede ayudar a comprender las violencias emergentes. Estoy dispuesto a contribuir con mi participación plena y activa en todas las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para encontrar soluciones a estas nuevas violencias. En este sentido, soy plenamente consciente de lo que ello implica para mí y para mi familia, por ese motivo pido al Estado colombiano que nos brinde todas las garantías de seguridad para mi regreso. Que no se repita lo sucedido con mi hermano”.

Y a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, les dice que “tienen en sus manos la posibilidad de otorgarles a las víctimas –y a todo el país– la verdad y la justicia que todos reclaman. Rechazar mi solicitud es rechazar una parte fundamental de esa verdad, la verdad judicial que no está depositada en ninguna otra jurisdicción y que es principio elemental para hacer cumplir es principio que los constituye”.

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