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Colombia

Cinco años del Acuerdo de Paz, entre balances y controversia

Disidencias de las Farc, y el debate por los portafolios y rutas de economía ilegal enlodan los cinco años de implementación de la paz en Colombia.

Hablar de la historia de Colombia es narrar un ocaso de guerra, muerte, sangre y dolor. Es contar del sufrimiento de 9 millones de personas que hoy son reconocidas como víctimas del conflicto armado y desde hace cinco años es narrar que un día, como hoy, sentados en la mítica Cartagena y lejos de las selvas donde se libraron los combates entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Colombia, un lunes por la noche se firmó el acuerdo de paz.

El día que se firmó la paz, una gran multitud asistió a la ceremonia para presenciar de primera mano un hito histórico: la terminación de más de cinco décadas de barbarie. Ese día, vestidos de blanco los militantes de la extinta guerrilla llegaban armados únicamente de un bolígrafo con el que empezaron a escribir una nueva historia para el país.

El día que se firmó la paz el mundo volteó a mirar a Colombia con ojos distintos, pasamos de ser un país de bárbaros, secuestros y narcotráfico a ser vistos con ojos de reconciliación y esperanza. Ese día Colombia se inscribió en la historia mundial de la reconciliación como lo hizo Irlanda del Norte cuando logró el Acuerdo de Belfast o el Medio Oriente con los Acuerdos de Oslo.

Cinco años han pasado desde entonces y con el pasar del tiempo se multiplican los balances y la controversia sobre la implementación de ese acuerdo que para muchos era necesario y para muchos otros nació desde la ilegitimidad, pues en Colombia la mayoría de las personas votaron “no” al plebiscito para la implementación del “pacto por la paz”.

Es ahora cuando empiezan a emerger las dudas de si en Colombia definitivamente se terminó el ciclo de guerras iniciado en 1948 o si con los acuerdos de 2016 se entró en una fase de transición irreversible hacia nuevas dinámicas de conflicto.

La visión de los analistas

Frente a este tema, Camilo González, director del Instituto Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en diálogo con EL HERALDO mencionó que “la tendencia actual indica que la mayor probabilidad a mediano plazo no es el retorno a la guerra por el poder sino el tránsito al postconflicto y el paso a otra etapa en la cual se tendrá un reordenamiento que puede ser democrático reformista o de crisis crónica con recomposición del régimen actual, dinámica que daría cabida a nuevas violencias, al predominio de lógicas mafiosas y a nuevos autoritarismos. Esto significa que probablemente, entre 2016 y 2032, durante otros tres periodos de gobierno, Colombia atravesará una transición traumática, con inercia de viejos conflictos y surgimiento de otros”.

Asimismo, Nestor Rosanía,  director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz (CesPaz), explicó a esta casa editorial que “decir que finalmente las Farc como estructura armada hace una transición a la política resultó.  Finalmente, el grueso del grupo armado pasó de la guerra a la vida civil, mientras que los comandantes pasaron a la vida política (…) El Acuerdo de Paz en ese sentido funcionó y Colombia avanzó. Sin embargo, lo que se sabía el primer momento era que Colombia no iba a llegar a una paz absoluta, porque Colombia lo que está haciendo es una transición generacional hacia un nuevo espiral de violencia, lo que quiere decir es que se está dejando atrás la violencia política y lo que estamos es una violencia por recursos o por portafolio de economía ilegal”.

Por su parte, Carlos Charry; experto en movimientos sociales, paz y conflicto; resaltó que “la pandemia paró al país, pero no paró a los grupos ilegales y es allí donde quizás está el mayor lunar de los Acuerdos de Paz. El Estado no ha logrado ocupar los espacios territoriales en donde hacía presencia de las Farc, no se ha logrado llegar con la presencia de las Fuerzas Armadas y de la presencia legítima del Estado a través de prestación de servicios públicos, de educación, salud, infraestructura, y esto ha permitido que grupos armados ilegales previamente existentes como en el Eln, el Clan del Golfo, entre otros, estén en una disputa por copar esos espacios”.

Agregó el experto que “la no correcta implementación de los acuerdos que ha traído como consecuencia, además, el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las Farc, firmantes del acuerdo de paz. Sí hay factores que hay que destacar en el país, en indicadores de violencia es un poco más pacífico que lo que era hace cinco años, pero han emergido nuevas formas de violencia y de criminalidad y el Estado no ha sabido cómo enfrentarlas”.

Alejandro Blanco, analista y docente de historia en la Universidad del Atlántico, menciona que “la finalización de los conflictos armados implican rupturas históricas, en el caso de Colombia, la finalización del conflicto con la guerrilla más antigua de occidente, ha tenido múltiples impactos, entre ellos, uno de los más importantes están en el ámbito político. El acuerdo de paz  abrió las puertas a un nuevo momento histórico y político”.

¿Víctimas como eje central y sujetos de reparación en el Acuerdo?

Las concertaciones de La Habana entre las Farc y el Gobierno colombiano tuvieron como eje central de reparación a las víctimas de los más de cincuenta años del conflicto armado entre estos dos.

Hoy, son más de 9 millones de víctimas reconocidas por la Unidad de Reparación a las Víctimas que desde las mesas de participación hacen un llamado contundente a las entidades correspondientes para que se cumpla con los compromisos adquiridos con las víctimas sujetos de atención y reparación.

En un balance presentado por el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, se evidencian las acciones implementadas para asistir, atender y reparar de forma integral a víctimas del conflicto.

El funcionario indicó que la Unidad para las Víctimas, en los 36 meses de gobierno de Duque, ha indemnizado de manera administrativa y judicial a 310.015 personas con una inversión superior a $2.61 billones.

Así mismo, 91.712 víctimas accedieron a la medida de rehabilitación psicosocial, con una inversión superior a los $13.649 millones.

Además, Rodríguez reportó que en estos 36 meses de gobierno se han reparado 27 sujetos colectivos --de los 30 registrados históricamente-- con una inversión cercana a los $21.080 millones, beneficiando a 8 subregiones de los municipios PDET.

De igual forma, en forma de reparación, desde los próximos comicios electoras se empezara a implementar en Colombia las llamadas ‘curules de paz’, espacio de participación política para las víctimas del conflicto.

En estas, podrán participar como candidatos quienes sean ciudadanos en ejercicio, mayores de 25 años a la fecha de elección, hayan habitado en el territorio tres años antes o sean desplazados en proceso de retorno y tengan la calidad de víctima del conflicto armado, acreditados por la Unidad de Víctimas o sean familiares de víctimas hasta el tercer grado de consanguinidad o el primero de afinidad.

Quienes sean elegidos tendrían las mismas condiciones de cualquier representante a la Cámara.

Sin embargo, el ritmo de reparación a las víctimas según los entes de control del país va a un ritmo lento.

Para la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, es preocupante el avance de la reparación integral a los beneficiarios de la Ley 1448, tras 10 años de su puesta en marcha, y  por eso alertaron que al ritmo que se avanza con las indemnizaciones, el total de víctimas sería reparado en 60 años.

¿En qué van los órganos de justicia nacidos del Acuerdo?

Ese Sistema Integral de Verdad fue creado por el punto 5 del Acuerdo de Paz y está compuesto por: la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.

En ese sentido, El compromiso que tiene la JEP en la consolidación de la paz en Colombia es administrar la justicia transicional –medidas judiciales y políticas utilizadas como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos– y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016.

Asimismo, esta unidad del sistema integral tiene la función de satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera, todo esto debe ser logrado antes del 2036, pues la JEP no podrá tener una  existencia superior a 20 años.

A la fecha, según Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, se han proferido más de 47.000 decisiones –de todo tipo–, han recibido más de 400 informes de víctimas y entidades del Estado, emitido 200 medidas cautelares individuales y 6 colectivas que protegen a víctimas, cuerpos de presuntos desaparecidos, entre otras medidas.

Asimismo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas reporta que durante el año 2020 y el primer semestre de 2021, ha logrado el reencuentro de 4 víctimas y sus familias, la recuperación de 163 cuerpos no identificados y entregado dignamente los cuerpos de 109 personas, en articulación con organizaciones sociales y otras entidades.

Por su parte, la Comisión de la Verdad ha recabado más de doce mil testimonios con aproximadamente ochenta mil horas de grabaciones, ha oído el testimonio de veinticinco mil personas en todo el país, se han propiciado espacios amplios de diálogo y acciones de reconocimiento y no repetición.

Esta última deberá entregar un informe final durante los últimos meses del año en curso, cuando vence su plazo de ejecución. Sin embargo, existe una solicitud ante la Corte por parte de las víctimas para que el plazo de funcionamiento de esta sea ampliado y  logre escuchar más testimonios.

Rodrigo Londoño Echeverri, conocido con el alias Timoleón Jiménez o Timochenko ​​, durante su discurso en Cartagena.

La paz en la mira internacional

Desde el inicio de los diálogos el proceso de paz y su posterior firma de Acuerdo, fue admirado y respaldado por la comunidad internacional. Comunidad que a pesar de los desaciertos sigue viendo con ojos de “admirable” lo logrado entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien llegó este viernes a Cartagena, Bolívar, manifestó su apoyo al proceso de paz que se adelanta en el país.

“Chile ha sido siempre un país que ha acompañado y ha garantizado el proceso de Paz con Legalidad que está desarrollándose en Colombia. Este es un proceso que Colombia está llevando adelante con mucha fuerza y compromiso, y que el mundo entero mira con simpatía y con esperanza”, indicó Sebastián Piñera a su llegada al país.

En una entrevista con EL HERALDO la diplomática Patricia Llombart expresó “desde la unión Europea hemos apoyado la paz en Colombia, porque nosotros mismos somos un proceso de paz. Somos el resultado de un proceso de paz, somos el resultado de dos grandes guerras mundiales y de una serie de personas visionarias que decidieron que Europa no podía seguir repitiendo las guerras y por eso venimos acompañando durante muchos años la paz en Colombia”.

Asimismo, Llombart mencionó que el principal desafío del país en torno a la paz era “apropiarse de los avances que se han producido. Este país tiene una tendencia a fijarse más en lo que falta por hacer que lo que ha ocurrido  y es muy importante por supuesto ver los desafíos que hay y lo que falta por hacer, pero hacerlo desde la constatación del camino que ya se ha avanzado y es un camino que se ha hecho desde el gobierno, desde la sociedad civil y que se hace día a día desde los territorios de Colombia, desde esos territorios que vivieron muy fuerte el conflicto y que ahora están comprometidas con la paz”.

De igual forma, desde la Oficina de Washington para América Latina (Wola, organización líder en investigación y defensa que promueve los derechos humanos en las Américas, galardonó a la Comisión de la Verdad por su trabajo para esclarecer los factores de persistencia del conflicto armado en Colombia y reconocer la deshumanización de la guerra vivida en contra de las comunidades afrocolombianas, indígenas, palenqueras y raizales.

“Ha sido un trabajo riesgoso al cual se ha enfrentado la Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión de la Verdad”, precisó Wola al destacar su esfuerzo por indagar y visibilizar los patrones de violencia que sufrieron estas poblaciones a pesar del constante peligro.

Los Premios Wola de Derechos Humanos 2021 se presentaron este miércoles y en representación de la Comisión de la Verdad intervinieron los comisionados Leyner Palacios y Patricia Tobón Yagarí.

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