El ELN planteó la posibilidad de negociar un “canje humanitario” con el fin de obtener la liberación de dos funcionarios del CTI y dos miembros de la Policía que permanecen en su poder desde mediados del año pasado.
De acuerdo con un video divulgado por el Frente de Guerra Oriental, las víctimas habrían sido sometidas a un “juicio” interno, en el que, según el grupo armado, se resolvió no aplicarles la pena de muerte, sino mantenerlos en “prisión revolucionaria”.
Asimismo, el ELN sugiere la posibilidad de intercambiarlos por personas privadas de la libertad u otras condiciones que serían objeto de negociación con el Estado, aunque no expresó más detalles.
Además, los funcionarios del CTI retenidos fueron identificados como José Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, mientras que los uniformados corresponden a Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza. Todos fueron interceptados mientras cumplían distintas labores en el departamento de Arauca.
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Frente a esta situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó la postura del grupo armado y afirmó que el ELN no puede asumir funciones propias de las autoridades judiciales, advirtiendo que esto representa una amenaza para la ciudadanía.
“El repudiable delito del secuestro tiene una condena de hasta 40 años de prisión, así que exigimos que liberen a todos los colombianos que el cartel del ELN tiene secuestrados. Y le pedimos también a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos, a la Iglesia católica, al mundo entero, que se unan en este propósito para traer a todos los colombianos que están secuestrados al seno de sus hogares”, expresó.
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Por otro lado, Iris Marín, defensora del Pueblo , insistió en que la liberación de los secuestrados debe darse de manera inmediata y sin condicionamientos, señalando además que en este caso no aplica el Derecho Internacional Humanitario.
“El hecho de que hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad. Hacemos un llamado al Gobierno nacional, porque hemos solicitado al Gobierno una atención directa a las familias y fortalecer los esfuerzos para propiciar la liberación de estas personas. Las familias se han sentido solas; han acudido, pues hemos escuchado desde la Defensoría del Pueblo el clamor de las familias, pero han sentido que no ha habido suficiente acompañamiento de parte del Gobierno nacional”, manifestó.
