La disputa entre el Estado colombiano y el empresario caleño Andrés Jorge Lisocky por el control de Isla Fiesta, un predio de 600 metros cuadrados en el archipiélago de Islas del Rosario, escala jurídicamente después de que un tribunal ordenara su devolución al particular.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) no solo se niega a acatar esa decisión, sino que ya tomó acciones legales para revertirla.
El empresario pagó durante años una cifra irrisoria por una isla del Rosario
Felipe Harman, director de la ANT, reveló en el programa 6AM W Radio que el historial de Lisocky con este predio está marcado por incumplimientos. Según Harman, el empresario no pagó nada por el uso de la isla entre 2003 y 2007.
Posteriormente, el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) le formalizó un contrato de arrendamiento por apenas $200.000 pesos mensuales, cifra que el propio funcionario calificó como irrisoria para un bien de esas características.
El problema no terminó ahí. “Cuando llega a la Agencia Nacional de Tierras, ya se había culminado ese contrato, se lleva 2 años sin pagar nuevamente ni un peso”, aseveró Harman. Es decir, en dos momentos distintos, el empresario habría ocupado el predio sin cumplir sus obligaciones económicas con el Estado.
La ANT actualizó el canon de arrendamiento de Isla Fiesta a 11 millones de pesos mensuales
Ante esa situación, la Agencia Nacional de Tierras decidió actualizar el valor del arrendamiento a 11 millones de pesos mensuales, argumentando que se trata de baldíos inadjudicables de la Nación y que la tarifa debe reflejar el valor comercial real del predio y sus condiciones de explotación económica.
Según Harman, hay razones concretas para ello: la isla estaría siendo arrendada a turistas a un millón de pesos por fin de semana, lo que evidencia su potencial económico.
El Tribunal de Bolívar ordenó la devolución del predio y la ANT fue al Consejo de Estado
La controversia tomó un giro judicial cuando el Tribunal de Bolívar emitió una providencia ordenando que Isla Fiesta fuera devuelta a Lisocky, manteniendo además el canon de arrendamiento en $200.000 mensuales. Para Harman, esta decisión es preocupante en términos de precedente jurídico, pues considera que el tribunal le está reconociendo al empresario “casi que el derecho fundamental a tener una isla, cuando estos son baldíos reservados de la Nación”.
La ANT respondió interponiendo un recurso de reposición y tutelando esa providencia ante el Consejo de Estado. El director de la entidad calificó el fallo como “inusual y absolutamente extraordinario”, y confía en que la instancia superior lo corrija.
Por qué la ANT asegura que Lisocky no cumple los requisitos para recuperar la Isla Fiesta
Más allá de los incumplimientos en los pagos, Harman señaló otro elemento que, a su juicio, invalida las pretensiones del empresario: nunca participó formalmente en los procedimientos de selección para ser arrendatario del predio.
“No se inscribió formalmente en los procedimientos de selección para ser arrendatario de la isla#, subrayó el funcionario, indicando que existe un concurso con etapas definidas que Lisocky no habría surtido.
La postura de la ANT es clara: el Estado no puede entregarle un bien de la Nación a alguien que acumuló años de mora, pagó tarifas que no correspondían al valor real del predio y además omitió los canales legales establecidos para acceder a ese tipo de arrendamientos.
El Estado exige que los particulares paguen lo justo por explotar las islas del Rosario
Harman cerró su intervención con un mensaje dirigido a quienes tengan interés en aprovechar económicamente estos territorios: “Si hay particulares que tienen la legítima intención de explotar estas islas, que paguen lo que tienen que pagarle al Estado por esa explotación económica”.
La ANT insiste en que su objetivo principal es garantizar que las Islas del Rosario, como patrimonio de todos los colombianos, generen los recursos que le corresponden al erario público, y no queden subarrendadas a precios simbólicos mientras sus ocupantes las explotan turísticamente con fines privados.
