La Contraloría General de la República emitió una alerta pública sobre deficiencias en la estructuración, coordinación y ejecución de los decretos expedidos por el gobierno de Gustavo Petro dentro de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, vinculada a la reciente temporada de lluvias e inundaciones.
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Asimismo, el organismo de control instó a la administración nacional y a las entidades responsables de la gestión de la emergencia a revisar con detalle la implementación de estas medidas, asegurando que cumplan con la normativa vigente.
La alerta se centra en las disposiciones derivadas del Decreto 0150 de 2026, luego de la ola invernal que afectó a múltiples departamentos. Es importante precisar que, aunque el gobierno Petro ha declarado emergencia en cuatro ocasiones —La Guajira, Catatumbo, emergencia fiscal nacional y lluvias—, esta advertencia se refiere exclusivamente a la última.
Además, tras analizar los 18 decretos emitidos en el marco de la emergencia por lluvias, la Contraloría consideró indispensable que el Gobierno “revise y aplique bien los criterios y alcances definidos en la Ley 1523 de 2012”, que dio origen al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Según la entidad, en algunos casos el contenido de los decretos no se ajusta a lo previsto por la ley.
El órgano de control señaló, en primer lugar, los riesgos asociados a la reorientación de recursos prevista en algunos decretos, que podría afectar la financiación, ejecución y continuidad de programas ya existentes, por lo que recomendó que estas decisiones se adopten con “el debido rigor jurídico y técnico”.
Además, sugirió que se establezcan mecanismos claros para el reembolso de los recursos temporalmente trasladados desde otros sectores, a medida que se reciban los fondos provenientes de los nuevos impuestos creados en el tiempo de la emergencia.
En particular, sobre el traslado excepcional de recursos del sector eléctrico hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Contraloría advirtió que la entidad “no tiene la experticia ni estructura organizacional para gestionar el diseño, ejecución e interventoría de obras de esta especificidad y complejidad”.
También cuestionó que se amplíen facultades contractuales o se creen nuevos tributos sin que los ministerios, Invías y la UNGRD fortalezcan previamente su capacidad de gestión e inversión.
Por otro lado, respecto al Decreto 0177 de 2026, de carácter ambiental, la Contraloría alertó sobre los riesgos de modificar unilateralmente la operación de embalses hidroeléctricos sin rigor técnico, lo que podría generar incumplimientos contractuales, afectaciones tarifarias e inseguridad jurídica en el sector energético.
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Asimismo, llamó a reforzar la focalización, verificación y depuración de información para la asignación de apoyos extraordinarios del Decreto 0245 de 2026, a cargo del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, con el fin de evitar errores, duplicidades e inconsistencias en los registros de beneficiarios.
La Contraloría advirtió que debe manejarse con cautela la decisión de crear nuevos impuestos, con los cuales se espera recaudar hasta $8,68 billones, destinados exclusivamente a atender los efectos de la emergencia invernal en los ocho departamentos incluidos en la declaratoria. En este sentido, subrayó que el Ejecutivo tiene la obligación legal de garantizar “el recaudo adecuado y oportuno de estos recursos y su debida destinación y uso exclusivo para la atención de las afectaciones ocasionadas por la emergencia invernal”.
El ente de control insistió en la necesidad de fortalecer la operatividad de la DIAN y los mecanismos de control sobre el impuesto al patrimonio y los gravámenes aplicables a los juegos de suerte y azar en línea.
En cuanto a los recursos del Decreto 0241 de 2026, la Contraloría indicó que su traslado y uso deberán coordinarse con la UNGRD y sustentarse en los Planes de Acción Específica (PAE) elaborados por ministerios, gobernaciones y alcaldías.
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Asimismo, como parte de su labor de supervisión financiera, la Contraloría informó que pedirá al Ministerio de Hacienda, a la UNGRD y a otras carteras los documentos que respalden la necesidad de recaudar hasta $8,68 billones, además de los criterios empleados para asignar esos recursos entre los distintos sectores y entidades beneficiadas.
Finalmente, reiteró que el país “está en mora de aplicar bien todos los mecanismos de prevención y atención de desastres” y aseguró que continuará con la vigilancia preventiva para “salvaguardar el patrimonio público y asegurar que los recursos destinados a la atención de la emergencia cumplan efectivamente con los fines para los cuales fueron previstos”.
