Una de las cosas que más se discutió luego de que el Gobierno emitiera el decreto del aumento del salario mínimo para el 2026 fue el precio de las viviendas de interés social.
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Desde la Presidencia y Ministerio de Trabajo advirtieron que iban a trabajar para que el precio de las VIS no estuviera ligado al salario mínimo. Precisamente este viernes 20 de febrero se conoció el borrador del proyecto.
Fue publicado por el Ministerio de Vivienda e incluye también la Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Se trata de una propuesta que establece que estas viviendas ya no se venderán en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), sino en pesos colombianos, y que el valor quedará congelado desde el momento en que el comprador separe el inmueble o firme la promesa de compraventa.
Esta medida impactaría a miles de hogares que buscan comprar viviendas VIS o VIP. Los aumentos consecutivos de los salarios mínimos han encarecido el precio de los inmuebles.
El proyecto también busca frenar los aumentos abruptos que sufrieron algunos proyectos de viviendas inmediatamente subió el salario mínimo después del decreto, que fue de un 23,7 %. Miles de familias ahora deben aportar 49 millones de pesos adicionales para no perder el cupo.
El borrador señala que lo que cambiará a cómo se maneja en la actualidad es la forma de calcular el precio final para el comprador. El precio se expresará en pesos y el valor quedaría definido desde el momento en que el hogar “separe o firme promesa de compraventa”, para evitar futuros aumentos en el precio relacionados al incremento del salario mínimo.
Es decir, si una familia separa su vivienda en 2026, el precio acordado no subirá de forma automática en 2027 por el incremento del salario mínimo.
En el borrador el Gobierno señala que la medida es con base en el artículo 51 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los colombianos a una vivienda digna y asigna al Estado la responsabilidad de fijar las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.
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También se cita el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, que define la Vivienda de Interés Social como aquella destinada a garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos y establece que el Gobierno nacional determinará el tipo y precio máximo de estas soluciones habitacionales.
De aprobarse la medida, sería positivo para los hogares que decidan adquirir viviendas VIS o VIP, pero afectaría a las constructoras porque las obligaría a reestructurar los costos.
