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El Consejo de Estado decidió cerrar el proceso que se adelantaba contra el representante a la Cámara David Racero en el denominado caso “fruver”, poniendo fin a la actuación en esa jurisdicción.

La determinación del alto tribunal marca el cierre definitivo del expediente y se suma a otras decisiones judiciales y administrativas que, en los últimos años, han concluido sin sanciones en contra del congresista.

De acuerdo a una columna publicada por el periodista Daniel Coronell en el portal Los Danieles, Racero habría incurrido en prácticas que contradicen los principios que han defendido públicamente él su partido, el oficialista Pacto Histórico, sobre todo en la reivindicación de los derechos laborales.

Se lee que un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo, UTL, del representante estaría trabajando también en un negocio privado de venta de frutas y verduras, más conocido como ‘fruver’, del congresista. Plantea el texto un posible conflicto entre las funciones oficiales del empleado y las tareas privadas en el negocio.

También se expone un audio de WhatsApp en el que se escucharía al parecer al legislador describiendo las condiciones laborales en el ‘fruver’. Según el audio, Racero ofrece en 2020 un salario de un millón de pesos mensuales, sin prestaciones sociales, con un horario de trabajo que abarca desde las 7 am hasta las 8 pm, y un día de descanso semanal. Y las labores a desarrollar serían manejo de caja, preparación de pulpas, limpieza de baños y pisos, organización de alimentos y otras actividades relacionadas con el funcionamiento del minimercado. En sus palabras, el trabajador debe estar “dispuesto para todo”.

Según se ha informado, con este cierre ya son siete los procesos judiciales y administrativos que han sido archivados o resueltos a favor de Racero en distintos escenarios institucionales.

La decisión del Consejo de Estado representa, así, el punto final de este expediente en el ámbito contencioso administrativo.