La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación frente a la decisión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad de adoptar un esquema de operador único para la prestación del servicio, ahora a cargo de la Nueva EPS.
De acuerdo con la entidad, la alerta se sustenta en la compleja situación financiera, administrativa y operativa que atraviesa la Nueva EPS, intervenida desde hace años, y su capacidad real para asumir la atención de más de 100.000 personas privadas de la libertad.
“La Defensoría recuerda que la Corte Constitucional ha declarado y reiterado en cuatro ocasiones el estado de cosas inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario y carcelario (T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU-122 de 2022), debido a fallas estructurales persistentes, particularmente en la garantía del derecho fundamental a la salud. Asimismo, el Auto 607 de 2024 evidenció la persistencia de graves barreras de acceso para esta población.”, recordó el organismo.
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En ese contexto, la entidad advirtió sobre la importancia de una transición con estudios técnicos suficientes que presten garantías de continuidad asistencial y de una adecuada planeación, con la finalidad de evitar interrupciones de tratamientos, del suministro de medicamentos y de la oportunidad en la atención, y así evitar riesgos de contravenir la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que prohíbe retrocesos en la garantía del derecho a la salud.
Además, la Defensoría señaló que desde el pasado mes de enero solicitó ser invitada al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud, con el fin aportar al proceso de toma de decisiones y desde su rol de apoyar la protección de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, a través de su Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y su Delegada para el Derecho a la Salud y la Seguridad Social; sin embargo, no recibió ninguna respuesta.
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Ante esto, el organismo instó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC): garantizar la prestación inmediata, continua y sin interrupciones de los servicios de salud durante todo el proceso de transición.
Así como solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) presentar y socializar los estudios técnicos, jurídicos, financieros y operativos que sustentan la implementación del operador único. Además del plan de red integral de prestadores y la relación de contratos.
A las entidades encargadas, también les pidió diseñar y socializar un plan de transición detallado, con cronograma, responsables y mecanismos claros de seguimiento.
En sus solicitudes, solicitó garantizar un enfoque diferencial y de derechos humanos, con atención reforzada a mujeres gestantes y lactantes, personas adultas mayores, población LGBTIQ+, personas con discapacidad, con enfermedades crónicas o de alto costo y con trastornos de salud mental.
La Defensoría manifestó que activará todos los mecanismos de su competencia cuando se adviertan riesgos de vulneración o interrupción del derecho fundamental a la salud de la población privada de la libertad.
