Hallazgos fiscales que superan los $53.000 millones de pesos encontró la Contraloría en controles adelantados a los Recursos del Plan de Alimentación Escolar del Presupuesto General de la Nación.
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La Contraloría General adelantó auditorías de cumplimiento a 68 entidades territoriales que representan una cobertura de más del 90 % de los recursos del PAE a nivel nacional y el 70 % de las ETC. Como resultado de estas actuaciones se evidenciaron 41 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $24.254 millones.
Los resultados del órgano de control se encuentran asociados principalmente a sobrecostos con 22 hallazgos por valor de $18.106 millones (75 %), le siguen 12 hallazgos de pagos sin soportes de ejecución por cuantía de $2.790 millones (12 %), problemas en la ejecución contractual con 3 resultados valorados en $2.706 millones (11 %) y continúan resultados por incumplimiento de lineamientos del programa con 3 hallazgos tasados en $649 millones (3 % de la cuantía fiscal).
“En relación con los recursos del Sistema General de Regalías para el PAE en los departamentos de Nariño, Quindío y Meta, y en el municipio de Arauca para las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024, el ente de control identificó 5 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $28.863 millones a causa de deficiencias detectadas en todas las etapas del proceso contractual, así como en el cumplimiento de los lineamientos técnicos y nutricionales del programa”, indicó el ente.
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Lo que más preocupa es la afectación a cerca de 800.000 estudiantes en 12 entidades territoriales “dado que el inicio de la alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario escolar de 2026”.
Esta situación se repite en los departamentos de Magdalena, Cesar, Huila, Chocó, en la ciudades de Valledupar y Quibdó, y en los municipios de Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.
“La Contraloría lamenta las reiteradas situaciones fiscales detectadas en materia de sobrecostos, deficiencias e incumplimientos en el Plan de Alimentación Escolar, ya que comprometen recursos públicos que deberían destinarse a la atención de niños, niñas y adolescentes, especialmente si se tiene en cuenta que aún no se ha alcanzado la cobertura universal del Programa de Alimentación Escolar a nivel nacional, nos resta por cobijar cerca de 1 millón 200 mil niños en el país”, advirtieron.
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De igual manera, hicieron un llamado “urgente” a las entidades territoriales y al Gobierno nacional frente a la “inoportunidad” de la prestación de alimentación escolar para este año en algunas regiones del país. “Estas situaciones afectan el objetivo de mejorar la calidad de vida y garantizar la permanencia de la población estudiantil en el sistema educativo”.
