La Corte Suprema de Justicia condenó este lunes a más de cuatro años de cárcel a la exfiscal Bibiana Rosa Orozco por el delito de prevaricato por acción agravado, al concluir que dejó en libertad a uno de los acusados por el secuestro y el abuso sexual de la periodista Jineth Bedoya pese a que había pruebas en su contra.
La Sala de Casación Penal determinó que Orozco, cuando era fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, anuló la decisión que mantenía detenido a Alejandro Cárdenas, alias JJ, señalado como uno de los responsables de los hechos, ordenó su libertad inmediata y cerró la investigación en su contra.
Según la Corte, lo hizo aunque en el expediente existían elementos que lo vinculaban con el crimen, entre ellos la declaración detallada de la propia Bedoya, quien lo identificó como uno de sus agresores.
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El proceso contra la funcionaria comenzó en 2022, cuando la Fiscalía la acusó del delito de prevaricato por acción agravado por la decisión que tomó en 2015.
En agosto de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá la absolvió al considerar que no había “actuado con dolo”, pero la Fiscalía y la Procuraduría apelaron esa decisión.
Ahora, en su fallo, con ponencia del magistrado Diego Corredor, la Corte Suprema dejó sin efecto esa absolución y resolvió condenar “por primera vez y en segunda instancia” a la exfiscal como autora del delito.
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La sentencia establece que “no se allegaron pruebas sobrevinientes que desvirtuaran” la medida de aseguramiento y que la exfiscal “no presentó ningún tipo de argumento probatorio, fáctico o normativo” para ordenar la preclusión, por lo que su decisión fue “manifiestamente contraria a la ley”.
La Corte le impuso una pena de 54 meses de prisión, una multa equivalente a 75 salarios mínimos (unos 35.000 dólares), la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 90 meses, la pérdida de su cargo y negó la posibilidad de cumplir la pena en prisión domiciliaria o con suspensión condicional.
Caso emblemático de violencia contra la prensa
El caso se remonta al 25 de mayo de 2000, cuando Bedoya fue secuestrada a las afueras de la cárcel La Modelo de Bogotá mientras realizaba una investigación sobre presuntos crímenes y redes de paramilitares que operaban desde ese centro penitenciario.
Durante 16 horas la periodista fue víctima de agresiones físicas y sexuales y posteriormente abandonada cerca de Villavicencio, a más de tres horas de Bogotá.
En más de dos décadas de proceso, el caso ha pasado por múltiples fiscales y decisiones judiciales, y ha sido señalado como un símbolo de las fallas del Estado para investigar crímenes contra periodistas y mujeres.
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En octubre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano al concluir que no protegió adecuadamente a Bedoya, no investigó con la debida diligencia y permitió que el proceso se prolongara durante años sin resultados definitivos.
En abril pasado, la periodista anunció que desistía de seguir esperando justicia en Colombia, tras 25 años de trámite judicial, al considerar que su caso se encaminaba a la impunidad.
