Tras una reunión extraordinaria de gobernadores convocada por la Federación Nacional de Departamentos, al menos 17 gobernadores de diferentes territorios del país se manifestaron en rebelión del Gobierno Nacional con relación al decreto de medidas tributarias expedido en el marco de emergencia económica.
El anuncio lo hizo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señalando que esta decisión se produce tras el incremento del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, así como de cigarrillos y tabaco elaborado, lo que - a su juicio- vulneraría la autonomía fiscal territorial.
“El cigarrillo por efecto del contrabando, qué en muchos casos vienen de grupos ilegales, está redistribuyendo las rentas y eso hace que ni siquiera tengamos recursos para pagar la Adres con el régimen subsidiado”, agregó la mandataria.
Hasta el momento, Antioquia, Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Caquetá, Caldas, Quindío y Valle son los territorios que se le han plantado al ejecutivo.
“No somos un mal ejemplo para el país, por el contrario, hemos sido unos grandes valientes”, señaló la gobernadora de Cesar Elvia Milena San Juan.
En su momento, en carta enviada al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas,los mandatarios regionales aseguran que la búsqueda de recursos adicionales para financiar el presupuesto del estado central no puede ser a costa del debilitamiento de los fundamentos del estado descentralizado.
“Desde las regionesreiteramos nuestro categórico rechazo a la implementación de las medidas establecidas en el decreto 1474 de 2025, por ser re-centralizadoras y atentar contra los escasos ingresos de las entidades territoriales, además de poner en riesgo la financiación de sectores estratégicos como la salud, la educación y el deporte en las regiones”, indicaron.
Contexto
El Gobierno de Colombia decretó en diciembre la «emergencia económica» por 30 días luego de que el Congreso hundiera el pasado 9 de diciembre el proyecto de reforma tributaria con la que el Ejecutivo pretendía recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.290 millones de dólares) para completar el presupuesto nacional de 2026.
En el decreto 1390 de 2025, el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró «el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia» de ese documento.
El Ejecutivo señala que con esta declaratoria, con la que podrá establecer nuevos tributos o modificar los existentes, busca enfrentar «la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos materiales y la prestación de unos servicios públicos esenciales» por una «situación fiscal que adquirió el carácter de grave».
Petro, por su parte, defendió antes de la publicación del decreto la declaratoria de la emergencia económica y argumentó que Colombia tiene «un déficit primario en las finanzas públicas» desde el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
