La Contraloría General de la República confirmó este jueves el ingreso efectivo de USD 20 millones al Tesoro Nacional, resultado de las sanciones impuestas por el incumplimiento parcial del contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17, un proceso que se originó en 2025 y que involucró al Ministerio de Defensa y a la firma contratista Vertol Systems.
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El organismo de control señaló que la recuperación de estos recursos constituye un resultado concreto del control fiscal preventivo, aplicado para proteger bienes estratégicos del Estado y evitar un mayor detrimento patrimonial.
Según explicó la Contraloría, el seguimiento continuo al contrato permitió advertir oportunamente al Ministerio de Defensa sobre los riesgos derivados del incumplimiento contractual, lo que dio lugar a decisiones administrativas que activaron las garantías económicas del acuerdo.
El proceso se remonta a la Resolución No. 001863 del 7 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial de un contrato valorado en USD 32 millones, suscrito para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Esta decisión fue ratificada una semana después, dejando en firme las sanciones correspondientes.
Como resultado, se impuso una multa superior a USD 6 millones y se ordenó la devolución de un anticipo por USD 13 millones que había sido entregado al contratista y que debía reintegrarse tras el fallo administrativo.
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La Contraloría precisó que el pago de la multa y la restitución del anticipo fueron asumidos por la aseguradora garante del contrato, la cual transfirió la suma consolidada de USD 20 millones directamente al Tesoro Nacional.
Este desembolso permitió recuperar los recursos públicos comprometidos en el contrato de los helicópteros MI-17 y evitar un perjuicio fiscal mayor para el Estado.
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No obstante, el ente de control anunció que mantendrá un proceso de verificación exhaustivo para confirmar que el monto recibido corresponda efectivamente a la devolución del anticipo no ejecutado, a los costos asociados a otras obligaciones contractuales y a la indemnización de los perjuicios derivados del incumplimiento.
La Contraloría reiteró que continuará vigilando este y otros contratos estratégicos del sector defensa, en el marco de sus funciones de control y protección del patrimonio público.
