El Ministerio de Salud y Protección Social salió al paso de las críticas recientes sobre el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y aseguró que el incremento definido para 2026 es suficiente, técnicamente sustentado y acorde con las órdenes de la Corte Constitucional.
De acuerdo con el ministro Guillermo Jaramillo, la decisión se adoptó con base en una metodología rigurosa, información oficial disponible y espacios de participación con los actores del sistema de salud.
En un comunicado, el Ministerio advirtió que la narrativa sobre una supuesta insuficiencia de la UPC busca desviar la atención del problema estructural que enfrenta el sistema: las inconsistencias históricas en la información reportada por las EPS, representadas por gremios como ACEMI.
Estas fallas, señaló, han generado pérdidas multimillonarias y han puesto en riesgo la atención de los pacientes, un fenómeno que no es nuevo ni atribuible al actual Gobierno.
La cartera recordó casos documentados en los que se detectaron pagos asociados a personas fallecidas, tras el cruce de bases de datos oficiales, así como reportes de servicios básicos con valores que no corresponden a los precios reales del mercado. Para el Ministerio, estas prácticas acumuladas explican buena parte del desequilibrio financiero que hoy algunos sectores pretenden trasladar al Estado sin asumir responsabilidades.
Frente a las críticas sobre los giros de recursos, el Ministerio insistió en que el problema no es cuánto gira la ADRES, que en 2026 transferirá más de 101 billones de pesos, sino el uso que las EPS hacen de esos recursos y la falta de resultados acordes con el volumen de dinero público recibido. Además, aclaró que confundir el giro de recursos con la definición de la UPC es incorrecto: mientras la ADRES realiza los pagos, es el Ministerio el encargado de definir la UPC y ejercer la rectoría del sistema, conforme a la ley y a las decisiones de la Corte Constitucional.
Los datos oficiales, según la entidad, desmienten la idea de desfinanciación. Entre 2022 y 2026, el presupuesto de salud creció 51,4 % en términos reales, lo que equivale a 25 billones de pesos adicionales y a 1,4 puntos del PIB, calculados a precios constantes de 2025. En ese mismo periodo, la UPC aumentó 30,4 % en términos reales, es decir, 22,9 billones de pesos adicionales, equivalentes a 1,3 puntos del PIB, lo que el Ministerio calificó como un esfuerzo fiscal histórico.
Sobre la metodología utilizada, la cartera enfatizó que no es discrecional ni improvisada. Se basa en datos reales de uso y costos del sistema, información reportada por las EPS y fuentes oficiales, siguiendo criterios actuariales tradicionales como análisis de tendencias y correcciones por faltantes de exposición, en línea con las exigencias de la Corte Constitucional. De hecho, afirmó que fue este análisis el que permitió evidenciar las inconsistencias en el manejo de los recursos.
El Ministerio también destacó una decisión que calificó como estructural e histórica: la equiparación de la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95 % de la del régimen contributivo, mediante resolución y en cumplimiento expreso de las órdenes de la Corte. Con esta medida, aseguró, la brecha entre regímenes se reduce al nivel más bajo de la historia y representa el mayor avance hacia la equidad en la financiación del sistema de salud.
Finalmente, la entidad rechazó que el aumento del salario mínimo sea utilizado como único parámetro para calcular la UPC, al considerarlo un enfoque antitécnico y limitado que desconoce la naturaleza del riesgo asegurado por la prima, la cual incluye costos asociados y la ganancia por la intermediación de las EPS, incluidos sus gastos administrativos y de nómina.
“El debate no puede seguir centrado en pedir más recursos sin rendir cuentas”, concluyó el Ministerio, al reiterar que los dineros de la salud son recursos públicos que deben administrarse con transparencia y responsabilidad, sin afectar la confianza en el sistema ni, sobre todo, la atención de los pacientes
