La Fiscalía General de la Nación informó este lunes 29 de diciembre informó que logró desarticular una red de venta de expedientes judiciales, en la cual estaban involucrados funcionarios del CTI y de la Dijín.
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De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, son cuatro los funcionarios implicados, dos del CTI y dos de la Dijín.
Al parecer, aprovechando que estaban dentro de las investigaciones y los cados, accedían de manera irregular a información reservada de procesos judiciales en curso y luego, la entregaban a personas vinculadas con organizaciones de narcotráfico, a cambio de dinero.
La investigación también determinó que la red cobraba sumas millonarias por la entrega de pruebas, expedientes completos y otros elementos probatorios, con pagos que oscilaban entre los 400 y los 1.000 millones de pesos.
“Allí se pudo dejar al descubierto que en tres investigaciones que se adelantaban en la unidad, de hechos ocurridos entre el 2014, 2019, 2024 y 2025, funcionarios adscritos a esas investigaciones procedieron a eliminar elementos materiales probatorios y a solicitar dinero a cambio de esconder sus bienes”, indicó una representante de la Fiscalía.
“Sacaban informes de estas investigaciones que le fue entregada a las víctimas, entre ellos una memoria de USB en varias citas que cubrieron en Villavicencio y en Bogotá”, agregó.
Por el momento no se ha hecho público los casos ni los nombres de los funcionarios involucrados, además de los nombres de las personas que accedieron a pagar para la eliminación de los expedientes.
