En medio de la judicialización de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, la Fiscalía pidió hace un par de días la detención domiciliaria para ambos por su presunta participación en el escándalo de la Ungrd.
“Lo que ocurrió fue un pacto criminal cuidadosamente estructurado en el que altos funcionarios del Estado utilizaron la capacidad contractual del Gobierno, como instrumento de presión y de recompensa indebida con un único objetivo: torcer la función legislativa para obtener votos favorables a proyectos oficiales”, advirtió el ente acusador al imputarles los delitos de concierto para delinquir, cohecho y celebración indebida de contratos.
El próximo 15 de diciembre el turno será para la defensa de los exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro en el estrado.
Al respecto, Mauricio Pava, apoderado de Bonilla, le dijo al diario El Tiempo que el economista no es un peligro para la sociedad: “Durante todos estos meses demostramos que el profesor Bonilla no se fugaría, que encararía la justicia con dignidad, respeto e integridad, y así lo reconoció la Fiscalía al pedir detención domiciliaria”.
Agregó que las declaraciones de los ex directivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, “han sesgado el caso en busca de beneficios y han orientado la narrativa contra el profesor Bonilla (...). El caso contra el profesor Bonilla no es de maletines de dinero ni de coimas, y no hubo contratos”.
A su vez, Elena Suárez, defensora de Velasco, señaló al medio que “no existe una sola prueba que muestre una orden, un acuerdo o una conducta suya con ese propósito. Por el contrario, todas las actuaciones que la Fiscalía presenta como sospechosas corresponden a funciones ordinarias del ministro del Interior, cuya labor constitucional es coordinar la relación entre el Gobierno y el Congreso”.
Y concluyó que “lo único que existe es la afirmación de Olmedo López de que él lo instruyó para asistir a la Comisión Séptima, algo que ni siquiera constituye un ofrecimiento, una orden irregular o una instrucción relacionada con contratación. Además, es esencial reiterar que el doctor Velasco no tiene ninguna relación con los hechos investigados en la Ungrd en La Guajira. Esos eventos ocurrieron bajo la dirección exclusiva de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Es López quien debe responder por el manejo de los recursos, incluidos los escandalosos episodios revelados por la prensa”.
Finalmente, aseveró que no hay razón para que se piense que el ex jefe de la cartera política no comparecerá: “La propia Fiscalía reconoce que él nunca ha intentado sustraerse de la justicia. Siempre ha acudido a cada citación, ha estado disponible para todas las diligencias y mantiene un arraigo personal y familiar. No existe un solo episodio que sugiera riesgo de fuga, ni ha obstruido la administración de justicia”.
El Tribunal Superior de Bogotá, no obstante, deberá evaluar la solicitud de la Fiscalía de la casa por cárcel, teniendo en cuenta además que el ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Carlos Ramón González y el ex director de Función Pública, César Manrique, se encuentran prófugos de la justicia.
