La Fiscalía General de la Nación imputará el delito de prevaricato por acción al excanciller Álvaro Leyva, esto por haber declarado desierta una licitación con la que se pretendía adjudicar el contrato para la expedición de las libretas de pasaportes.
El exministro de Relaciones Exteriores había tomado tal decisión pese a que la Unión Temporal conformada por Thomas Greg & Sons había obtenido el mayor puntaje y había cumplido con los requisitos para ganarse la adjudicación.
La licitación para la elaboración de las libretas de los pasaportes tenía un valor de 599.000 millones de pesos que, tras varias prórrogas y líos judiciales con la Imprenta Nacional y la supuesta ayuda del gobierno de Portugal, terminaron adjudicándosela a Thomas Greg que por años se ha dedicado a la expedición del documento.
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Ya en septiembre pasado, la Procuraduría General de la Nación había confirmado, en fallo de segunda instancia, la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años al exministro por este mismo hecho.
De acuerdo con el Ministerio Público, la decisión que tomó en su momento el entonces canciller Álvaro Leyva, “careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, a lo que estaba obligado”.
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“El servicio de expedición de pasaportes, por la importancia social y estratégica, debe ser protegido y salvaguardado de manera integral, por supuesto, bajo la égida de la legalidad, lo que fue desatendido por el investigado al inobservar su deber competencial a cargo”, se lee en la decisión.
Para la Procuraduría resultaba “cuestionable que la Cancillería no hubiera adoptado con antelación las medidas necesarias para conjurar la situación generada por la frustración del proceso de selección, más aún cuando han transcurrido varios años y el país continúa en una situación de incertidumbre frente al suministro y expedición de pasaportes”.
