Las sombras de corrupción y movimiento irregulares volvieron a posarse esta semana sobre el ministro del Interior, Armando Benedetti, el funcionario del gabinete con mayor poder de todo el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El nuevo escándalo estalló luego de que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, liderara un allanamiento en la nueva vivienda del curtido político en Lagos de Caujaral, un exclusivo condominio residencial ubicado en Puerto Colombia. El ministro acusó a la togada “loca”, “demente” y “delincuente”. Posteriormente, reculó por el grueso de sus palabras.
“La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025”, expresó Benedetti en un mensaje publicado en la red social X.
El ministro se refirió al fuero que tienen los congresistas, que son investigados por la Corte Suprema, y que él dice que perdió cuando terminó su periodo como senador hace tres años.
“¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA. Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia y desde el 2002 siempre he puesto la cara ante la Corte Suprema”, agregó.
Danza de las Mansiones
Benedetti, que tiene una maraña de procesos judiciales estancados desde hace años en el alto tribunal, vuelve a estar en el ojo del huracán debido a una serie de denuncias sobre supuestas adquisiciones de manera irregular de lujosos inmuebles en el Atlántico y Cundinamarca.
Camilo Enciso, ex secretario de Transparencia del gobierno Santos, asegura que el funcionario ha logrado estas compras –a pesar de que supuestamente superan su capacidad de endeudamiento- a través del empresario Euclides Torres, quien financió la campaña presidencial de Gustavo Petro, el promotor de eventos Ricardo Leyva y Alex Saab, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, quien fue el último dueño de la mansión a las afueras de Barranquilla.
“Si bien Alex Saab dejó de ser el dueño de la casa hace mucho, la coincidencia no deja de ser sorprendente, por decir lo menos. Además, es clave no olvidar que Benedetti fue embajador de Colombia ante el Gobierno de Venezuela en 2023. Pero hay otro aspecto de suma importancia: no está claro cómo es posible que Benedetti sea el nuevo arrendatario de un bien que en sana lógica no puede pagar. Según los entendidos, el arriendo mensual de una mansión en Caujaral, como aquella de la que estamos hablando, difícilmente puede estar por debajo de los 25 millones de pesos”, explicó Enciso.
Luego agregó: “En su declaración de patrimonio de febrero de 2025, Benedetti dijo tener solo 13 millones en su cuenta y deudas por 923 millones. Su señora supuestamente sólo tuvo ingresos de 300.000 pesos en 2024. Y recordemos que en 2021 Benedetti le dijo a la Corte Suprema de Justicia estar quebrado, y que le seguía debiendo 3.600 millones a Euclides Torres. En 2025, su salario como ministro debe rondar los 30 millones. Así, el patrimonio e ingresos de los Benedetti, no parecen soportar el nivel de gasto necesario para pagar el arriendo de su nueva casa”.
Además, Enciso denunció que Benedetti es dueño en papeles, “en el folio de matrícula en una torre en el apartamento en el piso 27 de la torre Iluminata, un apartamento de más de 330 metros cuadrados que compró en más de 1.600 millones de pesos”.
“Lo cierto acá es que Ricardo Leyva me dijo que él si había sido beneficiado de un leasing que tenía con Colpatria sobre ese activo y que él le había cedido el leasing a Armando Benedetti, lo cual quiere decir que Leyva probablemente había ido aportando a capital cientos de millones de pesos, pero cuando uno le pregunta al banco no dan explicación, ni Leyva ni Benedetti”, denunció.
Tras estas denuncias, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, para establecer si existieron posibles irregularidades en un aparente “trueque” de bienes con el empresario de espectáculos Ricardo Leyva, así como para esclarecer el origen de los recursos.
“Bienvenida la indagación preliminar. Esto confirma que la magistrada Lombana no podía allanar mi lugar de residencia, y mucho menos hacerlo de forma violenta e ilegal. La magistrada Lombana fue recusada para investigar supuestos hechos de enriquecimiento ilícito en mi contra. Aún así, en Barranquilla interrogó a Leyva y otros empresarios por hechos ocurridos dos meses atrás, cuando dejé de ser senador hace ya tres años, y presionó a muchas otras personas por actividades de hace apenas un mes, amenazándolas incluso con extradiciones y con enviarlas a prisión”, reaccionó Benedetti.
Además, Enciso Enciso habría pedido rastrear también un apartamento en el norte de Bogotá que el funcionario habría ocupado entre enero de 2022 y febrero de 2023 durante la campaña Petro Presidente. Enciso asegura que Benedetti ocupó el espacio durante 301 días entre enero de 2022 y febrero de 2023, periodo en el que se habrían realizado reuniones de campaña en el inmueble y en salones anexos.
“El costo del alquiler del 801 para la época de los hechos era de 289 dólares, lo que significa que Benedetti debió pagar 86.989 dólares por su estadía, unos 347’956.000 pesos”, señaló Enciso, quien agrega que los pagos fueron realizados en efectivo y que algunos figuran a nombre de Carlos Alberto Dada Barguil, excuñado del ministro.
Se reactiva proceso
En medio de las actuales turbulencias, la Corte reactivó el proceso penal contra Benedetti por su presunta participación en el denominado carrusel de pensiones.
El alto tribunal busca determinar la responsabilidad del funcionario en el aparente cobro ilegal de pensiones para favorecer a docentes del magisterio en el departamento de Córdoba.
En este sentido, el jefe de la cartera política estaría relacionado con el desfalco de al menos 150.000 millones de pesos.
Las denuncias, que suman más de 21 mil en todo el país, dan cuenta de que quienes esperaban obtener una pensión anticipada por enfermedades profesionales pagaban cantidades de dinero para que los peritazgos médicos de incapacidad fueran adulterados e incluidos en el sistema, asegurando de esta manera el otorgamiento de la pensión de invalidez.
Otras investigaciones
El actual ministro del Interior enfrenta una investigación por presuntas irregularidades vinculadas con Electricaribe y la Electrificadora del Meta (Emsa), en la que quiere establecer si Benedetti habría ejercido algún tipo de influencia sobre dichas entidades con fines políticos.
Además, es investigado por su presunta participación en la promoción de un proyecto de ley que habría favorecido a la firma Simetric S.A., propiedad del empresario Euclides Torres y entidad encargada de certificar la aptitud psicofísica de vigilantes para portar armas.
En este sentido, según la Corte, ese favorecimiento se habría traducido en la aprobación de una ley en el Congreso en el año 2012 el cual implementó el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas.
Asimismo, el funcionario del gobierno Petro tiene un proceso de investigación por una red de compra de votos en Maicao, durante las elecciones de 2018.
En un audio se logra escuchar “¿Que (Benedetti) dio una plata? Sí, dio una plata”, Joel Blanchar, exdiputado y aspirante a la Alcaldía de Maicao.
En ese entonces, Blanchar habló de los más de 550 millones de pesos que le habrían permitido a Benedetti alcanzar los 1.600 votos que, presuntamente, obtuvo en La Guajira durante las votaciones a Congreso del 2018.
Por otro lado, Benedetti es indagado por presuntas irregularidades en la asignación de contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Por este caso, en su momento, el alto tribunal condenó a los excongresistas del Partido de la U Musa Abraham Besaile Fayad y a Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías por el caso que eran investigados de manera conjunta desde años atrás y que guardaba relación con el tráfico de influencias para favorecer a un consorcio con un contrato de interventoría ante el extinto Fondo Financiero.
“Benedetti, junto con sus colegas Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías, recibieron como cuota política el manejo del Fonade. (…) Ellos, contrariando su deber como servidores públicos, destinaron esos millonarios recursos del Fonade para enriquecerse ilícitamente. (…) Benedetti le vendió los cupos indicativos que le entregó el Gobierno a su mismo amigo, el senador Musa Besaile, manejándolos a través del Fonade”, dice la denuncia que llegó a la Corte.
