La última movida del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, frente a esa cartera será la presentación ante el Congreso del proyecto de ley estatutaria para crear la Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado, una herramienta con la que contaría la Fiscalía General de la Nación para anticipar las acciones delictivas de los criminales.
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“A través de este proyecto de ley se pretende fortalecer las capacidades del Estado colombiano en la lucha contra el crimen organizado, mediante la creación de la Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado; dependencia especializada adscrita a la Fiscalía General de la Nación, que ejercerá funciones de investigación con enfoque estratégico y preventivo”, explicó el ministerio.
Pero antes de pasar al Congreso para su trámite, será la Comisión Asesora de Política Criminal la encargada de iniciar el estudio técnico y jurídico de la iniciativa, con el propósito de impulsar su trámite legislativo.
Con la eventual creación de esta guardia, sus operaciones estarán orientadas a anticipar las actividades de investigación de la Fiscalía frente a las organizaciones criminales que operan en el país, “bajo criterios de control judicial estricto, sujeción al principio de legalidad y coordinación con los demás organismos de seguridad e inteligencia del Estado”.
El Ministerio de Justicia asegura que este mecanismo será la herramienta “más poderosa” para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico para así fortalecer la capacidad del Estado “para investigar y desmantelar las estructuras delictivas que amenazan la seguridad ciudadana, mediante competencias innovadoras con enfoque preventivo”.
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El proyecto también pretende introducir mecanismos reforzados de transparencia, control y vigilancia democrática sobre las actividades de inteligencia en cabeza de la Guardia, en consonancia con los estándares internacionales.
Con esta propuesta, el Ministerio de Justicia y del Derecho intenta apuntarle a “la modernización de la política criminal y la protección efectiva de los derechos fundamentales, promoviendo un modelo de justicia más proactivo, articulado y preparado para hacer frente a los nuevos fenómenos de macrocriminalidad”.
