Luego que el Consejo de Estado, Sección Primera, ordenara la suspensión provisional del Decreto 0858 de 2025, que buscaba poner en marcha el nuevo Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo en el país, el presidente Gustavo Petro no dudó en expresar su desacuerdo, señalando que la medida va en contra del Estado Social de Derecho.
“El principal instrumento que tiene una sociedad para defender la vida humana colectiva, es el sistema de salud preventivo. Se sabe casi desde los orígenes de la civilización.”, escribió el mandatario desde su cuenta de X.
Y agregó: “Si en tiempos del COVID hubiera existido en Colombia el sistema preventivo, decenas de miles de personas que murieron, no hubieran muerto. Sin el sistema de salud preventivo que construimos en todos los territorios del Tolima, no hubiéramos sobre montado, con éxito, la fiebre amarilla.”
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Además, el mandatario indicó que “el sistema preventivo no es negocio, por eso, este asunto público de gran dimensión, es atacado por los negociantes porque disminuye el negocio. Lamentable que aún en el mundo jurídico, que debería defender el Estado Social de Derecho, termine suspendido el derecho.”
La corporación determinó que el Gobierno Nacional podría haber excedido sus facultades reglamentarias y vulnerado el principio de reserva de ley, por lo que suspender la aplicación del modelo era necesario para garantizar el debido proceso.
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El decreto había sido demandado por el representante Andrés Forero, quien argumentó que el Gobierno reguló aspectos estructurales del Sistema de Seguridad Social en Salud, competencia exclusiva del Congreso de la República.
“El Consejo de Estado acogió mi solicitud de medidas cautelares y suspendió el Decreto 0858 de 2025. Es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el ‘plan b’ o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado”, manifestó el congresista.
El Decreto 0858 creaba las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), desplazando el rol coordinador de las EPS y generando una transformación estructural en la prestación de servicios de salud. Según el Gobierno, el modelo pretendía resolver problemas del sistema de salud a corto y mediano plazo y se implementaría inicialmente en zonas con menor capacidad en el primer nivel de atención.
Las RIITS estarían compuestas por hospitales y centros de atención públicos, privados y mixtos, organizados en dos niveles:
Nivel primario: Atención directa a los ciudadanos en servicios de baja y mediana complejidad.
Nivel secundario o complementario: Servicios de mediana y alta complejidad, a los que los pacientes serían remitidos mediante un sistema articulado de referencia y contrarreferencia.
Las gobernaciones y alcaldías tendrían control sobre la red y debían coordinarse con EPS e IPS. Aunque las EPS no desaparecen para los usuarios, dejarían de controlar la conformación de la red, la remisión de pacientes y la intermediación de recursos.
El decreto había sido criticado por su alineación con la reforma a la Salud, que el Gobierno no ha logrado aprobar en el Congreso, y por ser implementado vía decreto, sin debate legislativo.
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