La defensora del pueblo, Iris Marín, alertó sobre el recorte del 30% en los recursos de inversión de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a la ponencia de segundo y último debate radicada en las plenarias tanto de Senado y Cámara y cuya discusión se iniciaría este mismo miércoles.
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“Se radicó la ponencia de Presupuesto para el año 2026. La ponencia recorta aún más el presupuesto de @DefensoriaCol para el próximo año. La decisión que el Congreso se dispone a adoptar es, por lo menos, desconcertante: ¿Cuál es la prioridad que le da el Gobierno y el Congreso de la República a la labor independiente de promoción y defensa de los derechos humanos?”, cuestionó la funcionaria en sus redes sociales.
Agregó en este sentido que de aprobarse el Presupuesto como se propone en la ponencia, la Defensoría tendrá en el año 2026 el 47,3% menos del presupuesto de inversión que tuvo en 2024: “Esto impactará severamente nuestra misionalidad y, particularmente, nuestro despliegue en el territorio”.
Así mismo, indicó que con un recorte de $59.530 millones, la Defensoría tendrá 5% menos de Presupuesto en el 2026 con respecto al año 2025. “El recorte más fuerte es en el presupuesto de inversión: 30% menos en 2026, respecto del presupuesto de inversión de 2025”, sostuvo.
Marín advierte además que adicionalmente este recorte representa $151.222 millones menos de lo que la Defensoría había solicitado para garantizar adecuadamente su trabajo el próximo año: “Esto es 11,2% menos del presupuesto solicitado por nuestra entidad”.
“Adicionalmente, este sería el segundo año de recorte consecutivo del presupuesto de la entidad. El presupuesto aprobado en los años 2023 y 2024 había sido mayor al que la Defensoría había solicitado. En 2025, se aprobó el 6,9% menos del solicitado y este año, reitero, será el 11,2% menos del solicitado”, expuso la jefa de la entidad del Ministerio Público.
Este recorte, añade, se presenta en un momento en el que los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y humanitarios vienen reduciendo su presencia en el territorio debido a los recortes de la cooperación internacional. Con la reducción de la capacidad misional de la Defensoría, la presencia y acompañamiento humanitario seguirá disminuyendo en todo el país, incluyendo en las zonas más afectadas por la violencia, en un año electoral, con serios riesgos para las poblaciones.
“El recorte afecta la capacidad de monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas; implica el cierre de casas de los derechos en zonas en las que la población requiere acompañamiento, reducción de jornadas de atención en el territorio, menor capacidad para toma de declaraciones y atención a víctimas del conflicto armado, así como la disminución del número de defensores comunitarios y del seguimiento de la situación de líderes y defensores de derechos humanos, que el Acuerdo Final de Paz ordenó fortalecer; limita nuestra capacidad de acompañamiento psicojurídico a las víctimas de la violencia de género; y supondrá la reducción de nuestra estrategia de seguimiento para la crisis del derecho a la salud”.
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De igual modo, agrega, la disminución de los recursos “limita las estrategias de prevención del reclutamiento y uso de niños niñas y adolescentes en el conflicto armado y la violencia organizada, así como el acompañamiento de las juventudes; reduce nuestra capacidad de implementación del Acuerdo de Escazú; debilita el acompañamiento y atención a la población migrante y refugiada con necesidades de protección internacional; disminuye nuestro apoyo a la superación de la crisis del sistema penitenciario; reduce nuestro acompañamiento a comunidades afectadas por desastres y crisis ambiental; afecta la cobertura del servicio nacional de Defensa Pública, que hace parte del sistema integral de justicia; el impide desarrollar obras necesarias de infraestructura, relacionadas con sedes en condiciones de hacinamiento y ubicadas en zonas de riesgo”.
Por ello, concluye, de aprobarse, estos recortes se adoptarán de manera unilateral por el Congreso, con base en un proyecto de ley presentado por el Gobierno sin ningún tipo de diálogo con la Defensoría del Pueblo. En estas condiciones, la decisión representaría un desconocimiento de la autonomía de la Defensoría, particularmente de la autonomía presupuestal reconocida en la Constitución y en los Principios de Paris, que rige a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos a nivel global.
“Hago un llamado urgente al Congreso para que evalúe seriamente la decisión que adoptará a luz de sus consecuencias en el contexto actual del país. La Defensoría del Pueblo requiere del respaldo de las otras instituciones para cumplir su misionalidad. Lo seguiremos haciendo aunque las condiciones se tornen adversas, con la esperanza de que las poblaciones que más lo requieren cuenten con nuestro acompañamiento”, puntualizó Marín.
