La diferencia en el número de municipios en los que hay riesgo electoral en el país es evidente entre el Gobierno y la Defensoría del Pueblo. El ministro del Interior Armando Benedetti dijo el pasado lunes que hay 104 municipios con riesgo electoral, mientras que la defensora Iris Marín indicó este martes que hay 62 municipios con llamado a atención inmediata,162 con llamado a atención urgente y 425 con llamado a acción prioritaria.
Al respecto, la jefa de la entidad del Ministerio Público explicó que “son metodologías distintas, seguramente en un análisis de los municipios con mayor acción prioritaria necesaria seguramente vamos a coincidir, el análisis del sistema de alertas tempranas tiene en cuenta muchas variables no solo las estrictamente relacionadas con el sector defensa y orden público sino también las necesidades de protección especial a diferentes poblaciones que participan en el proceso electoral: mujeres, firmantes de paz, jóvenes, y tiene en cuenta además como una protección integral desde el enfoque de seguridad humana y no solo de seguridad física”.
Por su parte, el titular de la cartera política advirtió el pasado lunes que “la Defensoría hace un informe con todos los errores posibles porque lo hace con base en denuncias o precauciones que se deben tomar. Se equivoca mucho, parece que hubiera un interés, a veces uno no sabe si es por maldad o por falta de conocimiento del país. (...) Nuestra preocupación está principalmente en las zonas donde hay problemas de orden público, es decir, donde hay producción y cultivo de coca. Me refiero al Catatumbo, Norte de Santander; López de Micay, en El Plateado, Cauca; en Nariño; Chocó; y en el sur del Valle del Cauca, y en total son 104 municipios en todo el país”.
También apostó por avanzar en un acuerdo comercial entre Colombia, el Mercosur y el bloque europeo, apuntando las “ventajas” de la economía colombiana, como el turismo o la agricultura.
En una rueda de prensa, la ministra de Relaciones Exteriores insistió en que esto es un “acto de dignidad” frente a la “inaceptable decisión” de la administración de Trump contra el mandatario.
Esto se da luego que el mandatario colombiano convocara desde Nueva York protestas e “instara a los soldados de EE. UU. a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.