En la plenaria del Senado se aprobó en segundo debate un proyecto de ley que busca reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que tiene que ver con la forma con la cual se establece la financiación de las universidades públicas en el país.
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La iniciativa, que fue presentada por sectores independientes, pero que es apoyada por el Gobierno, tiene que ver con la modificación del cálculo que se hace para anualmente incrementar los recursos asignados, vía Presupuesto General de la Nación, a las universidades.
En la actualidad, dicho cálculo se hace mediante el IPC, es decir, por la inflación. La propuesta que está en el Senado busca que ahora se utilice el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices) del Dane.
El proyecto ya cumplió la mitad del trámite, continuará el proceso en la Cámara de Representantes, donde deberá pasar dos debates tanto en comisión como en la plenaria.
De acuerdo con cálculos del Sistema Universitario Estatal (SUE), a través de los años los costos de las universidades públicas aumentan año a año un promedio de 5,2 puntos porcentuales por encima del IPC, y en algunos casos mucho más.
Ha existido históricamente una diferencia entre el incremento anual de los costos universitarios y lo que se aumenta a la base presupuestal de las universidades, lo que ha llevado a un déficit presupuestal. De acuerdo con datos de la SUE, hoy en día alcanza los 17 billones de pesos.
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Aunque parece haber un consenso entre expertos, algunos han sectores han cuestionado el impacto que podría tener en las finanzas públicas una reforma de esta ley, si se liga el aumento presupuestal de las instituciones al Ices, porque significaría una transferencia de más de 5 puntos de lo acostumbrado cada año.
