La polémica por los abusos sexuales ocurridos en el jardín infantil Parque El Canadá, en la localidad de San Cristóbal, Bogotá, sumó un nuevo capítulo tras la denuncia de Margie Espinel, madre de una de las víctimas y vocera de las familias afectadas, quien aseguró que la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, le habría hecho ofrecimientos personales que interpretó como un intento de “silenciarla”.
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El origen del conflicto radica en una serie de propuestas realizadas por Cáceres a la madre denunciante luego de la detención de Freddy Castellanos, señalado como presunto responsable de los abusos. Espinel, en su papel de vocera, relató que la directora le ofreció distintas formas de ayuda personal y económica fuera de los canales institucionales.
Según reveló la revista Semana, la reunión se llevó a cabo el pasado 8 de mayo en la sede del Icbf. Allí, Espinel relató que Cáceres le propuso desde abrir una cuenta bancaria para recibir transferencias hasta cubrir el arriendo de su familia, además de sugerirle un viaje “para darse un respiro” frente a la presión social y mediática. Incluso, mencionó la posibilidad de ofrecerle un trabajo dentro del mismo instituto.
“La presión social que estás manejando por tu hija y con los medios, por ser la vocera, es algo que tú no buscaste y no sabes cómo hacerlo. Necesitas un respiro. ¿Por qué no te vas de viaje?”, habría dicho la funcionaria, según el testimonio de la madre. Su pareja, presente en el encuentro, respaldó la versión de Espinel sobre las ayudas planteadas por Cáceres.
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La vocera de las familias cuestionó la legitimidad de las propuestas y denunció que, más allá de cualquier apoyo, lo interpretó como un intento de coartar su papel en el proceso, “me pareció indigno que pensara que podía comprar mi silencio”, afirmó.
Ante la polémica, la directora del Icbf respondió en la mañana de este sábado 30 de agosto, desde su cuenta de X desmintiendo que hubiese un ofrecimiento ilegal, “no, revista Semana, sin calumnias. No se hizo ningún ofrecimiento ilegal, se ofreció atención psicosocial y toda la gestión social que mencionaron que necesitaban”.
En una serie de mensajes, Cáceres explicó que su intención era brindar apoyo humanitario y acompañamiento en medio de la crisis,“por qué va a ser ilegal ofrecerle trabajo digno a alguien que nos pedía apoyo por un trabajo esclavizante en que no le habían pagado durante dos semanas? Les dije que les firmaba yo misma, que eso no influiría en la demanda”.
La directora insistió en que su postura fue clara y quedó consignada en acta, “se les aclaró que era su derecho demandar y que si sentían desconfianza del Estado podrían tener esa gestión social desde el sector privado, que yo la gestionaba. Lo importante era acompañarlos en su crisis y lo sostengo”.
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La situación ha despertado cuestionamientos éticos y jurídicos sobre el papel del Icbf en este caso. Para Espinel, resulta contradictorio que la misma entidad que será demandada por las familias ofrezca ayudas económicas o laborales directas en medio de un proceso tan delicado.
La denuncia, junto con los testimonios y pruebas revelados, profundiza la preocupación pública frente al manejo de un caso que ha puesto en entredicho a la institución encargada de proteger a la niñez en Colombia.
