La investigación de la Procuraduría al convenio firmado por la Imprenta Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores sigue su curso y ahora fue ampliada y se revisará el proceso de selección, vigencias futuras comprometidas y la presunta falta de disponibilidad presupuestal. También se incluyó a seis funcionarios más.
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La Sala Disciplinaria de Instrucción revisará la posible omisión de un proceso de selección competitivo, ya que en el modelo implementado, la Imprenta Nacional se limita a recibir capacitación y realizar erogaciones presupuestales para pagar la prestación del servicio.
En ese sentido, la entidad del Estado tendrá que subcontratar los adicionales que puedan surgir en el desarrollo del bilateral, al no contar con la capacidad para ejecutar el objeto contractual.
“El ente de control determinará si se omitió la ley que rige para la contratación con organismos internacionales, dado que el valor de los aportes que realiza la Casa de la Moneda de Portugal es inferior al 50 % del valor del convenio”, advierten.
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Asimismo, el Ministerio Público investigará el supuesto compromiso de vigencias futuras de carácter excepcional que superan el periodo del Gobierno Petro, “en la medida que generan un cambio en la política de expedición de documentos de identificación para los ciudadanos colombianos en el exterior”.
Pero la investigación no se detiene ahí, también se revisará la presunta falta de disponibilidad presupuestal para otros puntos del convenio y “posibles vicios” en la junta directiva de la Imprenta en la que se habrían aprobado varias proposiciones relacionadas con la suscripción de la alianza.
Entre los investigados se encuentran la ministra (e) de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy; el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez; y la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucia Ruiz Mora, de la Imprenta Nacional.
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También los miembros de la junta y delegados del Ministerio del Interior, Jaime Berdugo; de las Culturas, Luis Alberto Sanabria, y del Ministerio de Educación, Dora Ojeda Roncancio, y Ricardo Arque Benavides, su homólogo en el Departamento Administrativo de la Presidencia.
El convenio firmado por la partes tiene como objetivo la expedición de las libretas de pasaportes, en un esfuerzo del Gobierno nacional por quitarle la licitación a Thomas Greg & Sons que por varios años ha tenido este contrato.
En principio, la Casa de Nariño había dicho que la expedición de las libretas comenzaría en septiembre, sin embargo, a falta de varios puntos para iniciar el convenio se retrasó y se le prorrogó la licitación a Thomas Greg.
