Varias organizaciones civiles solicitaron este martes al Ministerio de Salud suspender un proyecto de resolución que, según denunciaron en un comunicado, representa un “grave retroceso” en el derecho a morir dignamente.
La propuesta, divulgada por el Ministerio el pasado 20 de junio, busca derogar las resoluciones 971 de 2021 y 825 de 2018, estableciendo nuevas reglas para la eutanasia y la adecuación de esfuerzos terapéuticos.
Sin embargo, las organizaciones firmantes, entre ellas DescLAB y la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente (DMD), advierten que la nueva reglamentación “desconoce la jurisprudencia constitucional, impone barreras regresivas y fue elaborada sin diálogo con la sociedad civil”.
“Solicitamos que, de manera urgente, en su calidad de Ministro de Salud y Protección Social, suspenda la expedición de esta resolución y ordene la apertura de un proceso amplio, transparente y participativo”, señala la carta enviada al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
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Entre los principales cuestionamientos está la omisión de la asistencia médica al suicidio —despenalizada en 2022 por la Corte Constitucional— y la transformación del concepto de sufrimiento de una experiencia subjetiva a una “valoración clínica objetiva”.
“Hoy, los colombianos no pueden solicitar este mecanismo ante el Sistema de Salud porque el Ministerio se ha negado a reglamentarlo, como es su obligación legal y constitucional”, denuncian en el comunicado.
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También critican la restricción del concepto de enfermedad grave, la exigencia de agotar tratamientos antes de acceder a la eutanasia, la falta de regulación para el consentimiento sustituto y la obligación de reiterar la voluntad del paciente en etapas finales.
“Las modificaciones propuestas desconocen el núcleo esencial del derecho fundamental a morir dignamente”, advierten las organizaciones, que consideran que el Ministerio está imponiendo obstáculos “regresivos e inconstitucionales”.
A pesar de que la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en Colombia en 1997 —convirtiendo al país en el primero de América Latina en hacerlo—, el Congreso ha fracasado reiteradamente en regular este derecho.
La última iniciativa fue hundida el pasado marzo en la Cámara de Representantes, donde faltaron cuatro votos para su aprobación.
En 2021, ese alto tribunal amplió el derecho a pacientes con sufrimientos físicos o psíquicos intensos, aun sin enfermedad terminal.
Las organizaciones firmantes consideran que Colombia ha sido un referente internacional en la materia, pero temen que un acto administrativo “sin legitimidad” socave los avances logrados en más de dos décadas.
