En medio de la polémica desatada por un supuesto plan para sacar del poder al presidente Gustavo Petro la institucionalidad ha hecho un llamado a la dignidad del cargo que ostenta el jefe de Estado y que fue dado de manera democrática en las urnas en junio de 2022.
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El procurador, Gregorio Eljach, hizo un llamado “vehemente” a todos los actores de la sociedad y del Estado, a fortalecer el respeto por la institucionalidad colombiana.
“La dignidad de la Presidencia de la República, institución que representa la unidad de la nación, goza de garantías constitucionales que todos debemos acatar”, aseguró Eljach.
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Asimismo, señaló que es imperativo que se honre “la majestad de la democracia en todas sus dimensiones. Cualquier asomo de violentarla, por mínima que parezca, para desestabilizarla, debe ser rechazada por todos los colombianos”.
Pidió que se deben adelantar las investigaciones para establecer a los “eventuales responsables” del hecho que compromete presuntamente al excanciller Álvaro Leyva y a Francia Márquez, mencionada en las conversaciones reveladas por el diario El País.
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Leyva, que fue el primer canciller de Petro, se reunió hace dos meses en Estados Unidos con el congresista Mario Díaz-Balart, en un intento de acercarse al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para ejercer “una presión internacional” contra Petro y poner en su lugar a la vicepresidenta Francia Márquez, según el diario.
“Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez. Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliera adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era muy importante”, dijo al diario una fuente estadounidense.
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El País también tuvo acceso a unas grabaciones de audio en las que Leyva, que habla con alguien no identificado, se refiere a la crisis de seguridad y violencia en el país y del clima que se vive a menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, por lo que sugiere un “gran acuerdo nacional” en el que incluso estén la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales.
También menciona brevemente la posibilidad de buscar el apoyo de políticos como el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático, y la precandidata Vicky Dávila, del Movimiento Valientes.
