BOGOTÁ. El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe, coincidió este martes con la solicitud de la semana pasada de la Procuraduría al pedir la absolución del exmandatario en el juicio que se le sigue en los Juzgados de Paloquemao, en la capital del país, por presunta manipulación de testigos.
“Llega el momento de la reflexión serena más allá de la retórica, de la dialéctica; se impone el análisis objetivo anclado en el derecho”, dijo el legista en los alegatos de conclusión, no sin dejar de manifestar sus dudas sobre la imparcialidad de la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia.
“Hubo un desbordamiento de la actividad que tiene en sus manos la Fiscalía, frente a la investigación de presuntas conductas criminales. Se está criminalizando el derecho que tiene toda persona de buscar defender su buen nombre y la verdad”, advirtió Granados, subrayando que la Fiscalía no pudo probar que Uribe Vélez hubiese cometido los delitos señalados.
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“Es normal que alguien como el doctor Álvaro Uribe Vélez y el que aquí les habla en su defensa eleve la siguiente pregunta: ¿No estaba él facultado para disponer de abogados y de investigadores que le permitieran corroborar versiones, ubicar testigos, y preparar su defensa ante investigaciones que ya estaban en curso en su contra?“, cuestionó el apoderado.
Por ello, pidió la absolución del ex jefe de Estado en este proceso por supuestos fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.
La semana pasada, Bladimir Cuadro, procurador delegado, solicitó de manera formal a la jueza del caso del expresidente Uribe que se emita sentencia absolutoria a favor del exmandatario y afirmó que el testimonio del exparamiliar Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso, no es suficiente para dictar condena penal.
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“Nos encontramos ante una probabilidad que supera lo que la doctrina ha llamado probabilidad lógica prevaleciente, por lo que existiría una imposibilidad de emitir sentencia condenatoria”, expresó el delegado del Ministerio Público.
El mismo procurador delegado también se refirió al tema de las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su círculo cercano. Argumentó que lo expuesto en el juicio no puede dar a interpretar una mala intención por parte del expresidente.
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“Si se aceptara que las conversaciones buscaban revelar licitud y no encubrir una conducta ilícita, entonces otro debió ser el momento fáctico en que se habría dado la supuesta determinación criminal. Pero ese momento no aparece en la práctica probatoria”, dijo Cuadro.
Por otro lado, también cuestionó que la acusación se base simultáneamente en la espontaneidad y en la falta de espontaneidad de las mismas conversaciones interceptadas. Asegura que esto rompe el principio lógico de no contradicción.
