Mientras el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay continúa en estado delicado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras el atentado del pasado 7 de junio, su partido político, el Centro Democrático, salió en defensa del congresista ante la demanda que pretende retirarle su investidura.
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La acción judicial fue presentada por la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia y el Sindicato Sinsergen, que acusan a Uribe de haber incumplido el régimen de inhabilidades al participar en actos de campaña presidencial siendo senador, precisamente el mismo día en que fue atacado. Los sindicatos argumentan que esta supuesta irregularidad no solo viola la Constitución, sino que, según ellos, habría expuesto al político a un riesgo que derivó en el atentado.
La bancada del Centro Democrático respondió con firmeza. A través de un comunicado emitido este miércoles, la colectividad calificó la demanda como un acto “jurídicamente temerario, moralmente reprochable y políticamente perverso”, y lamentó que se pretenda responsabilizar a Uribe por un ataque que casi le cuesta la vida.
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“El argumento de los demandantes no solo es absurdo, sino profundamente indignante: aseguran que el senador estaba haciendo proselitismo político el día del atentado, como si eso justificara el ataque o lo hiciera responsable de lo ocurrido”, señala el pronunciamiento del partido, en el que también se advierte que esta acción constituye un intento por “revictimizar” al congresista.
Figuras de la colectividad también se pronunciaron. La senadora María Fernanda Cabal calificó la demanda como un acto “insensible y oportunista”, mientras que su compañero de bancada, Esteban Quintero, la consideró “inaudita e inaceptable”. Para Carlos Meisel, también senador, resulta “absurdo” que se pretenda culpar a Uribe “por recibir un disparo cobarde por la espalda”.
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Desde el Centro Democrático insistieron en que este tipo de acciones no solo buscan debilitar a un dirigente político en su momento más vulnerable, sino que también representan, según dijeron, una amenaza contra la democracia. “Buscan aprovechar su momento de vulnerabilidad para destruirlo, no solo físicamente, sino también moral y políticamente, silenciando su voz y la de millones de colombianos que representa con firmeza”, advirtió la colectividad en su comunicado.
Mientras tanto, la investigación por el atentado avanza. La Fiscalía ha capturado a cuatro personas presuntamente vinculadas con el ataque, entre ellas una mujer señalada de haber facilitado el arma y el alojamiento al menor de 15 años que disparó contra el senador. Las autoridades continúan tras la pista de otros implicados, incluida la hipótesis de que estructuras criminales o grupos armados ilegales estarían detrás del atentado.
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Uribe, quien recibió disparos en la cabeza y en una pierna, permanece hospitalizado y ha sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Su estado de salud sigue siendo grave, aunque se ha reportado una leve mejoría en las últimas horas.
