La Misión de Verificación de la ONU en Colombia destacó este miércoles los avances del Gobierno de Gustavo Petro en la reforma agraria y que se le dé prioridad, pero advirtió que se necesitan mayores esfuerzos para acelerar su implementación y cumplir las metas del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016.
Lea: “Ya la discusión no es jurídica”: Petro tras suspensión al decretazo de la consulta
Así lo declaró a la prensa el Representante Especial Adjunto de la Misión de Verificación de la ONU, el uruguayo Raúl Rosende, tras una reunión a puerta cerrada en Bogotá con la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Durante el encuentro, la ANT presentó ante representantes de 10 países los avances del Ejecutivo en entrega de tierras y formalización de predios, con el fin de servir como insumo para el informe que la Misión presentará en julio ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el seguimiento del acuerdo de paz que el Gobierno firmó con la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.
Lea: Universidad de Harvard rinde tributo a Miguel Uribe: “Profundamente inspirador”
Rosende dijo que “hay pasos adelante que son importantes” y “fundamentales para superar los problemas sociales del campo colombiano”, pero subrayó que deben acelerarse los ritmos para lograr las metas del acuerdo de paz, que establecen tres millones de hectáreas para entregar y seis millones para formalizar.
“Consideramos que se está priorizando la reforma rural, pero todavía se necesitan esfuerzos en el sentido de darle mayor velocidad e intensidad a ese tipo de medidas”, declaró.
Casi 600.000 hectáreas gestionadas en tres años
La desigualdad y la disputa por la tierra han sido causas centrales del conflicto armado en Colombia, donde se estima que entre siete y diez millones de hectáreas fueron obtenidas de forma fraudulenta o violenta por distintos grupos ilegales.
Al asumir la presidencia en agosto de 2022, Petro prometió impulsar la reforma agraria, relegada durante décadas y contemplada en el acuerdo de paz con las extintas FARC.
Lea: Consejo de Estado suspendió el ‘decretazo’ de la consulta popular de Petro
Según datos oficiales, su gobierno ha titulado más de 1,5 millones de hectáreas y gestionado otras 599.000, de las cuales casi 16.000 asignadas a procesos de reincorporación de excombatientes que han cumplido con dejar las armas.
“Venimos de gobiernos que compraban 13.000 hectáreas en todo su periodo. Nosotros hoy vamos alrededor de 600.000”, aseguró el director de la ANT, Felipe Hartman, quien añadió que la meta es “llegar al millón de hectáreas este año” y formalizar otros 2,5 millones.
Hartman también advirtió que aún queda por “recuperar muchísima tierra que está absolutamente embolatada a lo largo y ancho del país” y aseguró que la “inmensa mayoría” sigue estando en manos de grupos armados.
La voz de las víctimas
En la reunión también participaron campesinos que compartieron sus testimonios con el objetivo de “darle los insumos a la comunidad internacional para que comprenda” qué significan estos avances, explicó Hartman.
Una de ellas fue Claudia Machuca Navarro, parte de las 123 familias desplazadas forzadamente en el caso de la Hacienda Las Pavas, una finca de 3.000 hectáreas en el sur del departamento de Bolívar marcada por la presencia de paramilitares, campesinos sin tierra y cultivos de palma de aceite.
Machuca tenía menos de 20 años cuando, en 2003, los paramilitares les advirtieron que debían abandonar sus tierras o atenerse a las consecuencias. Aún recuerda con claridad ver “pasar los cadáveres por el río”, las amenazas de muerte y la sensación de estar “vigilados todo el tiempo”.
Su familia regresó en 2005, pero debió desplazarse nuevamente tras la llegada de una empresa palmera. Volvieron en 2009, pero fueron desalojados otra vez.
Finalmente, en agosto del año pasado, tras más de dos décadas, la ANT entregó títulos de propiedad a 50 familias involucradas en este caso, entre ellas la de Machuca, quien hoy cultiva plátano, yuca y maíz junto a sus tres hijos.
“El director Hartman ha movido todo esto”, dijo a ‘Efe’, y aseguró que “la voluntad política del gobierno de hoy para que estos procesos avancen anteriormente no estaba”.
