Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), envió una carta a la Fiscalía General de la Nación en la que pide garantías en el proceso que se adelanta en su contra por el sonado caso de corrupción en la contratación con sobrecostes de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira.
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En un misiva de 11 páginas dirigida a la fiscal María Cristina Patiño, el exdirector de la Ungrd expresó su preocupación por la decisión del Juzgado 005 Penal del Circuito Especializado de Bogotá de rechazar el preacuerdo que su defensa había pactado con la Fiscalía General de la Nación, el cual consistía en que Olmedo López pagaría seis años y dos meses de prisión, rebajando a casi la mitad la sentencia inicial, que era de 12 años.
"Mi conciencia está en paz porque he cumplido con mi deber. Hace más de un año entregué la verdad, aporté pruebas, señalé a quienes ocupan las más altas esferas del poder político y administrativo. Lo hice sin esperar indulgencias, sino creyendo que la justicia premial debía proteger a quien se atreve a hablar, no condenarlo al abandono. Y sin embargo, hoy, con profundo dolor, debo decir que me encuentro en un estado de indefensión jurídica, personal y familiar", se lee en la carta.
Olmedo López señaló que algunas personas implicadas en el entramado de corrupción están recibiendo más beneficios que él en los procesos judiciales del caso Ungrd, pese a que su colaboración fue más temprana.
“Lo más angustiante es que mientras yo camino bajo amenaza constante, otros actores procesales que llegaron después, motivados por las verdades que yo revelé, gozan de beneficios superiores, principios de oportunidad en trámite y preacuerdos validados por el mismo sistema que hoy me niega esas garantías. Algunos de ellos incluso intentaron comprar mi silencio con miles de millones. No solo fueron receptores de la verdad, sino actores interesados en su eliminación”, agregó.
En ese sentido, López se quejó de que “el que primero habló hoy es el último en recibir justicia. Y el que quiso silenciar la verdad ahora es premiado con beneficios”.
Sostuvo que la improbación del preacuerdo con la Fiscalía, hace un par de semanas, no solo lo afecta a él, sino que también “erosiona gravemente los fundamentos de la justicia premial, que no es un capricho procesal, sino un pilar del modelo acusatorio, pensado precisamente para desmantelar redes criminales estructurales”.
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Para Olmedo, la “señal enviada” por la justicia colombiana con la improbación del preacuerdo “es devastadora” porque da a entender que “quien entrega información esencial para la investigación de máximos responsables puede ser desoido, desprotegido e incluso castigado con mayor rigor que quienes actuaron desde el poder o desde las sombras”.
“No se trata solo de una valoración individual de mi caso. Las consecuencias estructurales de esta decisión son una advertencia para futuros colaboradores, un debilitamiento de las posibilidades investigativas, y, peor aún, una puerta abierta a la impunidad de quienes orquestaron la corrupción desde los más altos cargos”, añadió.
El exfuncionario sugirió que se siente “silenciado” en medio del proceso que enfrenta por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.
“Silenciar al testigo clave, mediante la improbación de su preacuerdo, es condenar al olvido institucional la verdad que más incomoda. Es proteger, por omisión, a quienes más deben responder”, dice la carta.
