La JEP reportó este viernes en un comunicado que dialogó con más de 20 entidades del orden nacional, territorial y local en una diligencia judicial para conocer la oferta institucional y financiera existente para la implementación de los proyectos restaurativos que tendrán que realizar los comparecientes para contribuir a la restauración de las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en la Costa Caribe.
Esto en el marco del proceso de juicio que adelanta el Tribunal para la Paz contra 12 ex integrantes de la fuerza pública que aportaron verdad y aceptaron responsabilidad por los mal llamados 'falsos positivos' cometidos en esta zona del país.
'La diligencia tenía como fin identificar proyectos, programas y planes que estén en curso o previstos por las entidades y territorios en el norte del país; y que cumplan con las características requeridas para contribuir a restaurar los daños causados a las víctimas, las comunidades y los territorios afectados durante el conflicto armado. Al mismo tiempo, las magistradas y magistrados buscaban evaluar condiciones y garantías logísticas y presupuestales para su ejecución', se lee.
La convocatoria, explicó la corporación de justicia transicional, también buscaba generar un espacio de coordinación entre las entidades participantes, con miras a implementar trabajos, obras y actividades restaurativas a las que estarán vinculados los comparecientes de este subcaso.
“Nosotros tenemos el reto de emitir sentencias que tengan aptitud de construir paz. Son sentencias que se pondrán a prueba, y solo la voluntad de todos puede hacer que ellas cierren heridas y reparen las huellas de la barbarie”, dijo al cierre de la diligencia la magistrada Ana Manuela Ochoa, ponente de este subcaso en la Sección.
Según dijo la togada, las sentencias que impondrá el Tribunal para la Paz solo pueden hacerse realidad “si todo el Estado acompaña la reparación” y pone “a disposición de la JEP sus programas misionales para (…) asumir el reto de acompañar a las víctimas a salir de las trampas de pobreza perpetuadas por la combinación nefasta entre violencia y abandono”.
'Las entidades convocadas fueron la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; los ministerios de Justicia, Ambiente, Defensa, Igualdad e Interior; la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), la Agencia de Renovación del Territorio (ARN), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD); la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), así como las gobernaciones de los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y las alcaldías de los municipios de San Juan del Cesar (La Guajira), Valledupar y Agustín Codazzi (Cesar), Luruaco (Atlántico) y Fundación (Magdalena)', indica el reporte.
Las propuestas restaurativas contribuirán a priorizar más de 120 víctimas del Subcaso Costa Caribe, en otra audiencia que tendrá lugar en Valledupar, los días 14 y 15 de agosto próximos, como parte de los principios que orientan este sistema de justicia: efectividad de la justicia restaurativa, centralidad de las víctimas y el derecho a su participación en todo el proceso judicial.
Los doce comparecientes de la fuerza pública que aceptaron verdad, reconocieron responsabilidad y hoy son candidatos a una sanción propia de la JEP son: el mayor (r) Guillermo Gutiérrez Riveros, el teniente coronel (r) Heber Hernán Gómez Naranjo, los sargentos primero (r) Efraín Andrade Perea y Manuel Valentín Padilla Espitia, el teniente (r) Carlos Andrés Lora Cabrales, el subteniente (r) Eduart Gustavo Álvarez Mejía, el sargento viceprimero (r) José de Jesús Rueda Quintero, el subteniente (r) Elkin Leonardo Burgos Suárez, el cabo tercero (r) Elkin Rojas, y los soldados profesionales Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.
