La Ley del Montes | ¿Paz en el campo y guerra en las ciudades?

En su visita a El Vaticano, para entrevistarse con el papa Francisco, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación de orden público que atraviesa el país. Para el mandatario, lo que sucede no es tan grave como lo muestran los indicadores, aunque puntualmente llamó la atención sobre los casos de Bogotá y Barranquilla, donde alertó sobre el crecimiento extraordinario en relación con la extorsión.

'Las políticas de diálogo que se han adelantado –declaró Petro ante los periodistas– en año y medio han sido efectivas en disminuir la violencia. Hay otro fragmento del país, el de las grandes ciudades, el de las ciudades costeras, el de Bogotá, en donde ha aumentado la tasa de homicidios. Esta es otra violencia, tiene otras causas que no se pueden atribuir al conflicto armado, aunque pueda haber relaciones'.

Una vez más Petro se equivoca al referirse a las razones de la 'disparada' de la inseguridad en todo el país, no solo en Bogotá y las 'ciudades costeras', como Barranquilla, a la que se refirió de forma puntual. Que no se equivoque el presidente: la inocultable y grave situación de orden público que vive el país tiene que ver directamente con el manejo improvisado y errático que Petro le ha dado a la llamada Paz Total, que envalentonó a los delincuentes y maniató a la Fuerza Pública.

Es por cuenta de la Paz Total que delincuentes de toda calaña amenazan, intimidan, extorsionan, secuestran y asesinan todos los días a decenas de colombianos. Lo que se vive en Barranquilla, por ejemplo, es consecuencia del mal diseño y pésima ejecución de la política de paz de Petro.

El buen momento que vive Barranquilla la volvió atractiva no solo para inversionistas legales, nacionales e internacionales, sino también para las organizaciones criminales, que vieron la oportunidad de llegar a la ciudad para seguir con su actividad delictiva. Enfrentar a dichas organizaciones criminales es responsabilidad de las autoridades locales y departamentales –¡claro que si!– pero también es obligación del Gobierno nacional brindar todas las herramientas legales y logísticas para enfrentar y someter a un enemigo tan poderoso. Ahora resulta que por hacer bien su tarea durante años, a Barranquilla, en lugar de premiarla, la van a castigar dejándola sola en su lucha contra los grupos criminales.

Con este argumento falaz, Petro pretende hacer creer que la paz en las zonas rurales es producto de sus acuerdos con los grupos guerrilleros, pero la violencia y la inseguridad en las ciudades, especialmente en aquellas cuyas administraciones están en orillas ideológicas distintas a la suya, es responsabilidad de alcaldes y gobernadores. De esta forma pretende lavarse las manos de una situación que es producto una Paz Total mal concebida, mal planeada y mal ejecutada.

¿Cuál es la situación real de la inseguridad en las grandes ciudades? ¿Qué responsabilidad le caben al Gobierno nacional y a alcaldes y gobernadores?

Mientras Petro sorprende al papa Francisco pidiéndole que El Vaticano sea sede de un ciclo de conversaciones con el ELN, esa organización guerrillera continúa violando el cese al fuego pactado con el gobierno. El Catatumbo, Cauca y Chocó siguen siendo escenarios de asesinatos, secuestros y bloqueos a la población civil. El Gobierno nacional se empecina en sacar adelante una negociación sin que estén claras las reglas del juego: ¿puede seguir secuestrando el ELN a los colombianos? ¿Puede seguir extorsionando? Pretender embarcar El Vaticano –y al propio papa Francisco– en la aventura que significa una negociación incierta, carente de mínimos compromisos por parte del grupo guerrillero, es cuanto menos irresponsable. Los buenos oficios de la Iglesia católica, con su máximo jerarca a la cabeza, no pueden utilizarse para forzar una negociación sin ruta y sin norte. De manera que el desbordamiento de la inseguridad en las principales ciudades del país tiene mucho que ver con negociar a la 'guachapanda' con el ELN, cuyos comandos urbanos están más activos que nunca. ¿Conocen los organismos de inteligencia –algunos del ellos desmantelados durante el actual gobierno– de esta delicada situación?

Aunque la situación de Barranquilla y Bogotá es delicada en materia de orden público, en especial en todo lo que tiene que ver con extorsiones, lo cierto es que en el resto del país el asunto no es menos grave. Pretender mostrar Barranquilla y Bogotá como los grandes lunares en medio de un oasis de paz y tranquilidad es no solo injusto, sino que se puede interpretar como una especie de 'cuenta de cobro' con ciudades en las que la propuesta política de Petro recibió una verdadera paliza electoral el pasado 29 de octubre.

En el caso de Bogotá, por ejemplo, el candidato de Petro, el exsenador Gustavo Bolívar, no quedó ni de segundo. De ese tamaño es el fracaso del petrismo en una ciudad 'petrista', como es la capital de la República. En lugar de señalamientos injustos y mezquinos, lo que tiene que hacer Petro es trabajar de la mano con estas ciudades y con todas las alcaldías y gobernaciones del país, incluyendo aquellas donde perdió de manera estruendosa.

¿Qué culpa tienen Barranquilla y Bogotá de que sus actuales mandatarios hayan derrotado por paliza a los candidatos de Petro? ¿Por qué tiene que pagar toda Barranquilla las diferencias políticas existentes entre las administraciones locales y nacionales? ¿El triste y lamentable episodio de los Juegos Panamericanos es apenas el primer eslabón de una larga cadena de cuentas de cobro por parte de Petro para con toda la ciudad?

Las cifras –en lo que tiene que ver con el deterioro del orden público y la inseguridad en todo el país– son espeluznantes, aunque Petro pretenda desconocerlas: en el último año el secuestro se disparó en un 81 por ciento, la extorsión en un 25 por ciento y las masacres en un 8 por ciento. ¿De qué seguridad habla Petro? ¿Quién le reporta sobre el desmadre nacional en materia de seguridad? ¿Habla con el ministro de Defensa sobre estos asuntos?

En la región Caribe, por ejemplo, los ganaderos están dejando abandonadas sus fincas, porque el Estado no los protege. Todos los días se conocen casos de secuestros en Cesar, Magdalena y Sucre. El Banco, Magdalena, está sitiado por los delincuentes. Todavía no se sabe nada sobre la suerte del odontólogo Juan Carlos Bayter, secuestrado hace más de tres meses.

Este fin de semana atacaron con explosivos una patrulla de la Policía en esa población. ¿Quién cuida a los habitantes de El Banco? ¿Quién garantiza su integridad y sus vidas? Este es el país real, que padece a diario la cruel arremetida de los delincuentes. Si Petro desconoce esta realidad, por cuenta de estar acumulando millas en sus viajes internacionales, entonces cuando haga escala en Colombia que sus ministros y subalternos aprovechen para aterrizarlo con cifras en la mano. Punto.