La Defensoría del Pueblo anunció que convocó a una mesa de concertación entre la EPS Sanitas, la cadena de droguerías Cruz Verde, operadores de salud y entres gubernamentales, debido a la suspensión de suministro de medicamentos no incluidos en el plan obligatorio.
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Dentro del comunicado, la Defensoría señala que insta a Sanitas 'a no permitir que se ahonde aún más la crisis de la salud y a garantizar ese derecho fundamental'. Se agrega que le solicita al Gobierno Nacional verificar los pagos correspondientes a los presupuestos máximos, porque con ellos se financian los tratamientos de las personas más vulnerables con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.
Detalla que la suspensión de medicamentos, que es por una deuda de cerca de 400.000 millones de pesos, afectaría inicialmente a más de 102.000 afiliados a la EPS, 'razón por la cual todos los involucrados deben presentar un plan que genere claridad en la deuda y alternativas de pago'.
'Convocamos un espacio imparcial de diálogo y ofrecimos nuestro rol de mediadores, con el fin de encontrar salidas viables e inmediatas, a fin de evitar que el riesgo advertido no se materialice y los tratamientos de 102.000 personas no sean interrumpidos bajo ninguna circunstancia', señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
El defensor exhortó también a la Superintendencia Nacional de Salud, así como a las autoridades del sector a 'estar alerta' para evitar vulneraciones al derecho esencial a la salud de los afiliados a la EPS Sanitas.
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'Que adopten las medidas necesarias y permitan la entrega y flujo de los recursos requeridos por las distintas aseguradoras para cumplir con el cubrimiento de los medicamentos e insumos que son entregados, en especial, los que no están financiados con la Unidad de Pago por Capitación, como es el caso que se está presentando', agregó Camargo, como un llamado a ministerio de Hacienda y entes responsables.
Se advierte en el escrito que a financiación de las tecnologías NO PBS está a cargo del Estado, por lo tanto, se hace necesario dar una garantía de pago por parte del Gobierno Nacional, 'que genere tranquilidad a los prestadores y proveedores, así como a la industria farmacéutica, lo cual permita reanudar el suministro de medicamentos e insumos NO PBS a la población'.
