Pasaportes: Contraloría advierte riesgo de parálisis o intermitencia en servicio

En 'inminente riesgo' determinó la Contraloría el servicio de suministro, formalización y distribución de pasaportes en el país luego de cancelado el proceso licitatorio el pasado lunes 31 de julio por parte de la Cancillería de Colombia.

'La probabilidad de materialización de los riesgos identificados en torno al proceso licitatorio se incrementó', señaló la Contraloría Delegada, en cabeza del vicerrector Carlos Mario Zuluaga, a través de un comunicado este jueves.

Las consecuencias de la cancelación del proceso licitatorio, de acuerdo con el ente de control, podrían estar en la parálisis o al menos intermitencia en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes tanto en el territorio nacional como en el exterior.

'Se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el ejercicio de la licitación pública referenciada adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al estado', advierte la Contraloría en su comunicación.

Asimismo, el ente de control realizó un estudio y encontró que el pasado 31 de julio se produjeron dos hechos contradictorios: primero se produjo el informe del proceso de licitación con un proponente considerado idóneo, y segundo se expidió la resolución 5778 que suspendió el proceso de licitación. Ambos procesos el mismo día.

También, el organismo resolvió que la acción popular radicada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, razón dada por la administración para la suspensión de la licitación, fue rechazada.

A pesar de ello, el proceso licitatorio se mantiene suspendido y el Fondo Rotatorio de Ministerio de Relaciones Exteriores no ha expuesto un argumento distinto a su capacidad legal para mantener la suspensión.

'Como consecuencia de estas recientes actuaciones de la administración, la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en torno al proceso licitatorio se incrementó', reiteró la Contraloría.

Cabe recordar que el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, en conversación con Blu Radio, argumentó que la medida de suspensión responde a la interposición de una acción popular radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la libre competencia económica.

Salazar aseguró que la suspensión se da como una 'medida de sanidad para establecer que se ha seguido al pie de la letra la ley de contratación pública'.

La polémica licitación que había sido abierta por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, consistía en un polémico contrato para el suministro, formalización y prestación del servicio que tenía un costo de más de 600 mil millones con el único proponente de la Unión temporal pasaportes 2023, de la cual Thomas Greg and Sons, empresa con la que se tiene el actual contrato vigente, hace parte.

'Le doy la total tranquilidad al país de que ha sido un proceso transparente, ajustado completamente a la ley. La Procuraduría no ha hecho el más mínimo cuestionamiento al proceso. De hecho, lo ha venido acompañando a través de funcionarios delegados de la procuradora. La Fiscalía tampoco ha hecho ningún tipo de cuestionamiento', aseguró Salazar.