Luego de una reunión de un par de horas en la mañana de este lunes 20 de febrero en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro, el fiscal Francisco Barbosa dio a conocer los reparos que sostiene contra el proyecto de ley de sometimiento que el Gobierno piensa radicar en las próximas semanas en el Congreso de la República con el fin de establecer un marco jurídico para que las organizaciones criminales suscriban la paz y se entreguen a la justicia.
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El jefe del ente de investigación penal hizo una declaración pública en la tarde de este lunes, desde el búnker de la Fiscalía, en la que reportó que con el primer mandatario 'durante más de dos horas conversamos ampliamente sobre temas de paz total, en especial lo que tiene que ver con el sometimiento a la justicia, que se le presentó al país la semana pasada'.
En este sentido, recordó, el Gobierno acató su solicitud de elaborar una ley de sometimiento para que funcionara como marco jurídico en este aspecto de la paz total.
No obstante, advirtió que sobrevienen nueve cuestionamientos a la iniciativa y, entre ellos, el proyecto pudiese tener, afirmó, problemas de constitucionalidad que serán elevados por la cabeza del ente acusador ante el Consejo Superior de Política Criminal y el Congreso.
'En primer lugar, se estableció en el proyecto, en los artículos 28, 42 y 52, que el proceso de sometimiento tenía que hacerse a través de la Unidad Especial de Investigación, que fue creada por el Acuerdo de Paz de La Habana', lo que, según Barbosa, excede el marco constitucional, pues se trata de delitos que no irán a competencia de la JEP, por lo que le pidió al jefe de Estado que sea la Fiscalía la que lleve los procesos.
Agregó el fiscal que habrá muy poco tiempo para corroborar pruebas y hechos delictivos, con lo que no habría oportunidad de controvertir las confesiones de los beneficiados.
'Un tercer tema tiene que ver con que no se pueden limitar las formulaciones de imputación solamente a lo que señalen las personas que las firmen, sino que la Fiscalía tiene que verificar otras conductas que puedan no estar reconocidas en la imputación', agregando que además hay inexistencia de topes sobre los bienes que podrían mantener los delincuentes que se sometan.
En quinto lugar, dijo que la entidad no va a aprobar listados y verificar cumplimientos de obligaciones, aseveró que en el proyecto de ley aparecen delitos graves que no podrían tener beneficios, que en el articulado 'no se encuentra el esquema de reparación de víctimas y su rol en los procesos', que hay conflicto con la figura de cosa juzgada y que no puede 'desconocerse la obligación del Estado de investigar violaciones a los derechos humanos'.
