BOGOTÁ. Este sábado 11 de febrero, La Procuraduría General de la Nación, hizo un llamado de atención a la cancillería y alertó sobre la preocupante situación que afrontan, por lo menos 4 millones de colombianos que viven en Venezuela, debido a la falta de funcionamiento de los consulados en dicho país.
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De acuerdo con quejas allegadas al Ministerio Público, por connacionales colombianos residentes en la vecina nación, el Consulado General de Colombia en Caracas no está operando, por lo que se están viendo obligados a trasladarse hasta Cúcuta o a puntos fronterizos como Maicao, Puerto Inírida y Arauca, para realizar sus trámites.
Según lo que manifiestan, debido a que no les han brindado solución a esta problemática ni les han ofrecido ayuda de ningún tipo, se sienten 'abandonados por el estado colombiano, en particular por el Ministerio de Relaciones Exteriores'.
Ante esto, la Procuraduría, designó mediante Agencia Especial a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, desde donde se adelantaron acciones preventivas y se solicitó al señor canciller, Álvaro Leyva Durán, para que precise la situación alrededor de la prestación de los servicios consulares para los colombianos en el territorio venezolano.
Pues, desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas que se dio entre ambos países el pasado 12 de agosto de 2022, hasta la fecha el funcionamiento de las oficinas consulares no se ha restaurado. Hecho que claramente representa un riesgo para la garantía de los derechos de los colombianos residentes en el exterior.
Teniendo en cuanta esto, el Ministerio Público solicito a la Cancillería concretar, con detalles, cuando tendrá lugar el restablecimiento y la reapertura de las oficinas consulares.
Adicionalmente, la Procuraduría también pidió al Ministerio de Relaciones exteriores explicaciones de cuántas oficinas consulares finalmente, estarán operando en 2023 y especificar la fecha en que se abrirá el servicio en la ciudad de Caracas.
El Ministerio Público advirtió que va a seguir interviniendo para proteger los derechos de los connacionales y el normal funcionamiento de la función pública, lo anterior en desarrollo de la agencia especial creada por la Procuradora General de la Nación para tal fin.
