El Gobierno respondió este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que la solicitud de medidas cautelares presentada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, suspendido por tres meses por la Procuraduría por presunta participación en política, es 'improcedente'.
La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, quien lideró la delegación, destacó 'la compatibilidad de las funciones de la Procuraduría en las investigaciones por faltas disciplinarias cometidas por un servidor público, con las obligaciones internacionales del Estado y con la existencia de recursos procesales adecuados y efectivos en Colombia'.
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Por ello, asegura el Gobierno que 'bajo el entendido de que el Estado cuenta con los mecanismos para salvaguardar los derechos del alcalde Quintero' hay 'improcedencia de las medidas cautelares solicitadas y, por tanto, de la activación de la competencia de este órgano internacional en el presente asunto'.
Agregó la delegación que la promoción de la garantía de los derechos políticos 'no puede significar el debilitamiento del diseño institucional, ni del marco jurídico existente en el país y en la región'.
Y afirmó la Cancillería en este sentido que 'lejos de existir algún escenario de persecución en contra del señor Quintero, en la presente contienda electoral se han adoptado idénticas medidas, al menos en el caso de otros cuatro funcionarios públicos, con diversas posturas políticas'.
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