La Procuraduría General de la Nación instó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a realizar las acciones necesarias para garantizar la instalación de los centros digitales ubicados en 17 departamentos del país.
El llamado del ente de control busca que estos dos organismos cumplan con las obligaciones contractuales del contrato No. 1042 de 2020 celebrado con Comcel S.A. por un valor de 1,06 billones de pesos y que llevará internet gratuito a los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.
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El organismo de control advirtió que, si bien el ministerio y la interventoría han señalado que los centros digitales de los Grupos 1A y 1B se encuentran en operación, aprobados remotamente, respecto con la aprobación por parte de la interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente a dieciséis coma veinticinco por ciento (16.25%) de los centros digitales' presenta varios meses de retraso, de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido.
En cuanto a la al reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente a treinta y dos coma cinco por ciento (32.5%) de los centros digitales, se encontró que el contratista para el Grupo 2 no ha reportado ni siquiera el 10% de los centros digitales de esta entrega, pactados contractualmente.
Finalmente, en desarrollo de la vigilancia preventiva adelantada a este proyecto, el ente de control solicitó informar en qué consiste el riesgo concreto manifestado por el contratista, en relación con el cumplimiento del reporte de la instalación y puesta en servicio, las acciones que se han adelantado para mitigar o superar el riesgo, o si el mismo se encuentra latente y si se dio cumplimiento a la misma.
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El otro contrato es el que, tras el escándalo de corrupción, se le quitó a Centros Poblados, por $1,07 billones y que llevaría internet a 7 mil colegios públicos rurales de 17 departamentos.
Al respecto, la ministra de la TIC, Carmen Ligia Valderrama, le dijo al diario económico La República que aún no está decidido que ETB vaya a asumir ese contrato.
'Lo de ETB no es todavía una decisión, es una alternativa jurídica pensar en ETB porque cuando se da un proceso licitatorio y el primero no cumple, entonces se puede pasar al segundo la posibilidad de ejecutar'.
