En el meridiano de su mandato, el presidente Iván Duque define cuáles son las prioridades del Gobierno frente a la gestión de la Covid-19 y la compleja recuperación del país, inmerso en una profunda crisis socioeconómica como consecuencia de la pandemia. Analiza los retos más cruciales en medio de la tormenta política desatada por la medida de aseguramiento de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Pregunta: ¿Cómo recuperar empleo?
Pregunta: ¿Cómo reactivar la gastronomía y la hotelería?
Pregunta: ¿Qué hacer con el turismo?
Pregunta: ¿Se les está cumpliendo a los profesionales de la salud?
Pregunta: ¿Qué se hace para evitar la deserción educativa?
Pregunta: ¿Además de la Reforma a la Justicia, qué otras impulsará?
Pregunta: ¿Habrá Reforma Tributaria?
Así resume la gestión de la Covid-19
Esta es una crisis que golpea a todos los países y sectores de la sociedad con efectos comerciales, en transporte, en los mercados financieros, en el precio de las materias primas, entre muchos otros. En Colombia durante los últimos cinco meses se adelantó un proceso en el que se logró quitarle velocidad exponencial a la pandemia.
Si se analizan los primeros escenarios a los que se enfrentaba el país, íbamos a tener un pico nacional en mayo que podría haber llegado a un millón de contagios diarios con consecuencias devastadoras en fallecidos. Esa velocidad de transmisión se redujo con el Aislamiento Preventivo Obligatorio, al que se llegó de manera escalonada, responsable y gradual y que se ha venido desescalando con mucha precisión para ir recuperando aspectos de la vida productiva.
Hoy Colombia está en una perspectiva mucho mejor que países de Europa y América Latina en términos de contagios, letalidad y tasa reproductiva del virus por millón de habitantes. Sin embargo, no podemos cantar victoria ni sentirnos triunfalistas, pero si optimistas y debemos mantener esa línea. La respuesta sanitaria se ha complementado con la atención de los más vulnerables, los giros extraordinarios de familias y jóvenes en acción y para adultos mayores, la devolución del IVA a las familias más vulnerables y la creación del Ingreso Solidario, que va a ir hasta junio de 2021. También el programa de apoyo al empleo formal que subsidia la mitad de un salario mínimo mensual. Ha sido un esfuerzo grande.
Compromiso por Colombia
La apuesta para los dos próximos años es el plan Compromiso por Colombia que tendrá inversiones por 100 billones de pesos buscando generar un millón de empleos y que contempla cuatro subcomponentes: el compromiso por el empleo a través de los grandes proyectos de infraestructura, como por ejemplo el nuevo aeropuerto de Cartagena; el compromiso con el crecimiento limpio y sostenible que incluye el del Canal del Dique y la navegabilidad del Río Magdalena; el compromiso con los sectores más pobres y vulnerables de la población que otorgará 200 mil subsidios de vivienda VIS y no VIS, entre otras medidas; y el compromiso con el campo y la paz con legalidad para avanzar en la iniciativa Agricultura por Contrato, acelerar obras en las zonas PDET, donde se adelantan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y lo relacionado con el Catastro Multipropósito. En este compromiso también, como eje transversal, se continuará trabajando para el fortalecimiento del sector salud.
¿Asamblea Constituyente o Reforma a la Justicia?
El país necesita una Reforma a la Justicia. Lo dije el 20 de julio ante el Congreso en mi informe a la Nación y espero que esta sea la legislatura en la que avancemos en esa reforma, que ya tiene un buen consenso político, institucional y en la academia.
Aparece la propuesta de la Constituyente que no descarto, ¿cómo voy a descartar una herramienta que está contemplada en la Constitución, que está revestida de la mayor autoridad popular? Ahora bien, esta no es solo una propuesta del Centro Democrático o de un senador o senadora; en los últimos años muchos expertos han hablado de una Constituyente para reformar la Justicia porque son reiteradas las frustraciones al intentar hacerlo, así que estiman que este sería el único camino.
Es un debate que va y viene. Mi preocupación frente a la Constituyente no es sobre la herramienta, sino sobre los tiempos y la practicidad versus la urgencia y el consenso. Una Constituyente en virtud del artículo 376 de la Constitución establece que primero hay que tramitar una ley, tienen que aprobarla por mayoría, después tienen que convocar al pueblo, tiene que votar a favor más del 33% del censo electoral –es decir, 12 millones 78 mil personas diciendo que sí quieren que la convoquen–, luego convocar las elecciones de la Asamblea, después elegirla para que sesione y promulgue.
Ese período puede ser de hasta 18 meses, siendo muy conservadores y optimistas. Por eso, si hay un consenso y sabemos lo que el país necesita, pregunto: ¿Será que nos tenemos que demorar 18 meses o podemos buscar esta avenida? Esa respuesta no la tengo yo, sino que surge de una discusión, de un consenso de unas fuerzas políticas que en el Congreso de la República quieren que se avance en la Reforma de la Justicia.
Caso expresidente Álvaro Uribe
La presunción de inocencia parte de la base de poderse defender en libertad. Es la regla general para cualquier ciudadano. La medida de aseguramiento, y me aparto del caso del expresidente Uribe, tiene que ser excepcionalísima y para personas que tengan antecedentes criminales probados que representan una amenaza para la sociedad o que tienen una capacidad probada por una trayectoria criminal de intentar alterar evidencia o los pronunciamientos de la justicia.
Alguien que le ha servido al país como el expresidente Uribe, con una hoja de vida pública –la más escrutada que haya visto Colombia– y que siempre ha respondido a cualquier llamado de las autoridades debe tener el mínimo derecho de defenderse en libertad. Lo digo en su caso y en el de cualquier expresidente. Mucho más cuando tenemos criminales de lesa humanidad condenados que hoy están sub júdice ante la Justicia Especial para la Paz y que además tienen garantizado que aun diciendo la verdad nunca van ir a una cárcel y además siguen conservando sus curules.
Es un principio muy claro y diáfano, a mi juicio; no podemos tener un desequilibrio en la sociedad con unas personas que se pueden defender en libertad estando condenadas por delitos de lesa humanidad, y otras personas que ni siquiera han sido condenadas y que le han servido al país honorablemente no lo puedan hacer. Tengo que hacer esa reflexión y me corresponde a mí como presidente porque creo que son temas que tienen que ver con el presente y el futuro del país más allá de la coyuntura.
