La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue penalmente a terceros civiles no comparecientes por delitos que pudieron haber cometido en el contexto del conflicto armado.
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Esto a una presunta participación de los terceros civiles en la desaparición forzada, tortura y homicidio de los líderes políticos y espirituales del pueblo arhuaco. Los mamos Luis Napoleón Torres Arroyo, Ángel María Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro y la tortura de los indígenas arhuacos José Vicente Villafañe Chaparro y Amado Villafañe Chaparro.
También se compulsaron copias por la presunta responsabilidad de los terceros en la conformación de grupos paramilitares y su participación en los crímenes cometidos, dentro de ellos, delitos de desaparición forzada.
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Las personas a comparecer ante la justicia son: Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, propietario de la hacienda Bethania, donde reciente fueron hallados restos óseos humanos, y donde presuntamente fueron torturados los indígenas. También por el presunto patrocinio de la estructura paramilitar que se acantonaba en su hacienda, la cual ejecutó los referidos crímenes en los que habrían participado miembros de la fuerza pública.
Asimismo a, Alfonso Macías, Carlos Mattos, José Mattos y Wilson Ramírez, este último conocido como ‘Jhon Ramírez’, quien sería el jefe de seguridad del hacendado Alfonso Macías y el autor material del homicidio de los mamos arhuacos. Al parecer, la muerte de los indígenas fue ordenada porque supuestamente ellos tenían conocimiento sobre el secuestro de José Mattos.
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También la JEP compulsó copias a la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia, en cuanto a la acción de extinción del derecho de dominio, de la hacienda Bethania, ubicada en El Copey, de propiedad de Luis Alberto Restrepo, lugar donde presuntamente se alojaron autores materiales de los crímenes investigados.
Igualmente una casa, al parecer, de propiedad de Eduardo Mattos Liñán, ubicada cerca de la plaza Alfonso López de Valledupar, teniendo en cuenta que allí habrían sido llevados inicialmente los mamos arhuacos, luego de su retención por grupos ilegales. Y un apartamento, al parecer, de Carlos Mattos, ubicado en un edificio en inmediaciones del río Guatapurí, pues habría servido de alojamiento a los presuntos ejecutores materiales de los crímenes.
