Luego de haberse evidenciado un presunto detrimento patrimonial de $1.008 millones por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) en el proceso de defensa correspondiente en el tribunal de arbitramento por las obras del nuevo puente Pumarejo, la Contraloría General de la República anunció el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal para determinar los responsables de dicha conducta.
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El anuncio fue hecho por el contralor Carlos Mario Zuluaga Pardo, quien indicó que este proceso tiene relación con el informe de la auditoría que se cumplió a la vigencia 2022 y se adelantará bajo la premisa del debido proceso y la legitima oportunidad de defensa de quienes se vinculan como presuntos responsables.
'Cuando se finalizan las auditorías, que la entidad tiene todo el debido proceso para defenderse, se libera el informe y se traslada a la Unidad de Investigaciones, Juicios y Responsabilidad Fiscal, donde existe la obligación de dar apertura a un proceso para que se pueda determinar la responsabilidad en firme', explicó Zuluaga Pardo en diálogo con EL HERALDO.
El jefe del órgano de control también reiteró que la finalización de una obra no es una condición que evite la evaluación de los riesgos y daños al patrimonio público, que hace parte de las funciones de la Contraloría.
'Hay hallazgos fiscales posteriores a la culminación de las obras. Hemos sido enfáticos al aclararle a los contratistas, a las entidades públicas y a la ciudadanía en general que las obras se pueden inaugurarse, pero eso no significa que en el ejercicio auditor se determine un presunto daño', expuso.
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El hallazgo
De acuerdo con el órgano de control, el hallazgo fiscal corresponde a la firma de un otrosí al contrato de obra. En el mismo se incluyó una cláusula que establecía que la resolución de cualquier controversia por el proyecto sería resulta por un tribunal de arbitramento.
'Se constituyó en una gestión antieconómica de los recursos públicos', expuso la Contraloría, que agregó que la Oficina Jurídica del Invías había entregado un concepto desfavorable a dicha solicitud.
En su concepto, la Oficina Jurídica del Invías recomendó que se acudiera a la conciliación extrajudicial para resolver cualquier conflicto. Dicha instancia se adelantaría ante el Procurador Judicial Administrativo y el acuerdo resultante, sería aprobado por el Juez Administrativo competente.
La Contraloría recalcó que la Oficina Jurídica del Invías también conceptuó que el mecanismo recomendado es gratuito, mientras que el procedimiento arbitral 'resultaría muy costoso para la entidad'.
Cabe recordar que, en 2020, la Contraloría había indicado –durante una auditoría de cumplimiento– que el otrosí se configuraba en una observación de tipo fiscal. Sin embargo, hasta el momento no se había presentado el hallazgo fiscal debido a que no había realizado pago alguno.
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