Luego de la mesa de seguimiento de ocupación ilegal de tierras en el Atlántico, la procuradora Margarita Cabello anunció que se ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de 9 funcionarios de distintas entidades.
El proceso inició el pasado 16 de febrero en contra de Álvaro Mozo Gallardo, superintendente delegado para registro de la Superintendencia de Notariado y Registro; María Patricia Álvarez Coronado, profesional de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla; Patricia Gutiérrez, profesional de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla.
También cobjija a Ruby García Potes, profesional de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla (para la época de los hechos objeto de la denuncia) y Álvaro Ariza Fontalvo, notario 12 del Círculo Registral de Barranquilla.
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En el marco de este proceso, también son investigados Margarita Ripoll inspectora 16 de Policía Urbana de Barranquilla; Gloria Baena Oquendo, Inspectora 4 de Policía Urbana de Barranquilla; Cristian Kalil Sarmiento, secretario de Inspecciones de Policía (para la época de los hechos), y José Manuel Rosado, funcionario de la Seccional Atlántico del IGAC (para la época de los hechos).
Asimismo, Cabello indicó que la entidad ejercerá control preferente en la investigación disciplinaria contra Rafael Pérez en su calidad de registrador de Instrumentos Públicos de Barranquilla.
'La Procuraduría se trae la investigación que inició la Superintendencia de Notariado y Registro, para que sea investigado por estos hechos', sostuvo.
Además, el ente de control hará los correspondientes traslados con incidencia penal a la Fiscalía General de la Nación para que inicie las correspondientes investigaciones.
'Continuaremos trabajando de manera articulada para acabar las mafias que se roban las tierras de los colombianos. Más de 12 entidades del Estado participaron en el espacio y se comprometieron a seguir trabajando contra este flagelo', sostuvo Cabello.
Dichas decisiones fueron tomadas de acuerdo con las acciones que se adelantaron durante los últimos meses. 'En enero se practicaron 21 pruebas y se ordenaron tres remisiones de competencias'.
La procuradora agregó que los casos que llevaron a la apertura de las investigaciones contra los funcionarios tienen hasta 10 años de antigüedad.
'Vamos a derrotar, de forma articulada, a las mafias que están ocupado las tierras y vamos a llegar hasta el final. Vamos a llegar hasta el final y legitimar a las instituciones públicas', expuso..
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Otras acciones
Cabello explicó que se trabajará en la formación de los funcionarios para atacar el despojo de tierras, así como articular las acciones para evitar nuevos casos en el departamento.
'Significa que nos conozcamos todos para que fluya la información. Necesitamos que se especialicen grupos sobre el despojo de tierras, para que puedan entregar respuestas certeras y rápidas a la ciudadanía', expuso.
Indicó que se creó una comisión en la Procuraduría para atender la invasión de tierras en los distintos municipios del Atlántico.
'Se han practicado pruebas e indagaciones preliminares contra funcionarios indeterminados, se ordenaron investigaciones por competencias.
Agregó que en el departamento se han conocido más de 5.400 expedientes de recuperación de espacio público y protección de la integridad urbanística de los predios.
'Esas prácticas nos causaron mucha preocupación porque son deshonestas y afectan la proyección urbana. Perjudican la calidad de vida de los ciudadanos en el corto plazo y es un desgaste para los propietarios legales', sostuvo Cabello.
Cabe destacar que la reunión contó con la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Comisión de Disciplina Judicial, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Defensoría del Pueblo, las personerías y alcaldías municipales del departamento y representantes de la Fuerza Pública.
Afectación en playas
El capitán de Puerto de Barranquilla, capitán Jesús Zambrano, aseguró que en el departamento se ha solicitado la acción de las autoridades en cerca de 222 predios que son utilizados de mala manera.
'Hay preocupación por la ocupación de playas y terrenos de bajamar. Esos bienes son de la comunidad y queremos que todos podamos disfrutar de ellos', expuso el funcionario al final de la mesa de seguimiento.
Explicó que esta situación se viene presentando en los municipios de Piojó, Juan de Acosta, Puerto Colombia y el Distrito de Barranquilla.
'Estamos haciendo un trabajo articulado con las autoridades'.
